El Gobierno ha eludido solicitar el informe del CES sobre la ley

Competencias del Consejo

En el proceso de reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno ha eludido también solicitar el informe preceptivo del Consejo Económico y Social (CES), del mismo modo que no demandó al Poder Judical y al Consejo de Estado el correspondiente estudio. Ayer el pleno del organismo consultivo del Ejecutivo le instaba a subsanar ese olvido y aprobaba solicitar al Gabinete la remisión del texto del anteproyecto de ley, por entender que "entra dentro de las materias incluidas en la ley de creación del CES susceptibles de dictamen preceptivo", tal y como hizo hace un semana el Poder Judical.

El Consejo, en el que están representados los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de consumidores, diversas asociaciones ciudadanas y expertos nombrados por el Gobierno, acordaba una resolución mediante la que recordaba al Ejecutivo su obligación de remitirle este tipo de iniciativas para elaboración de un dictamen, aunque éste no sea vinculante.

La ley que dio nacimiento a la constitución del CES determina que éste tiene la facultad de elaborar, a solicitud del Gobierno o de sus miembros o por propia iniciativa, estudios o informes que, en el marco de los intereses económicos y sociales, son propios de los interlocutores sociales.

En concreto, debe elaborar informes con las normas que se relacionen con las siguientes materias: Economía y Fiscalidad; Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social; Asuntos Sociales; Agricultura y Pesca; Educación y Cultura; Salud y Consumo; Medio Ambiente; Transporte y Comunicaciones; Industria y Energía; Vivienda; Desarrollo Regional; Mercado Único Europeo y Cooperación para el Desarrollo.La resolución del CES se aprobó a inicitiva de los consejeros de Comisiones Obreras, quienes entienden que "la conducta del Gobierno supone un desconocimiento de las competencias atribuidas a los agentes económicos y sociales a través de los instrumentos de participación institucional legalmente establecidos". Este sindicato cree que el incumplimiento de ese trámite pone de manifiesto "la escasa voluntad del Gobierno para abrir un debate sobre esta ley con todos los sectores afectados".