Ruiz-Gallardón exige al alcalde que retire el plan que liberaliza el suelo para hoteles

El Gobierno regional está dispuesto a acudir a los tribunales si el Ayuntamiento de Madrid no retira inmediatamente el plan especial aprobado el pasado lunes en la Comisión de Urbanismo y que debe ser ratificado mañana en el pleno. Este plan permite construir hoteles en suelos residenciales, industriales o terciarios, y, según la Comunidad, modifica hasta en 10 artículos el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que requiere un permiso previo del Gobierno regional. Si el Ayuntamiento no rectifica, la Comunidad impugnará el plan ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Dudosa legalidad

Cualquier modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -la ley por la que se rige cada municipio para regular su desarrollo urbanís-tico- requiere un permiso previo del Gobierno regional. Sin embargo, si el cambio se tramita a través de un plan especial, el Ayuntamiento puede llevarlo a cabo sin contar con el beneplácito de la Comunidad. Éste es el caso de la norma que liberaliza el suelo para edificar hoteles en la capital, aprobada en la Comisión de Urbanismo municipal y pendiente aún de su votación en pleno: el Consistorio la ha elaborado como plan especial y ha evitado así pedir opinión al Ejecutivo regional. Pero desde la Comunidad se insiste en que ese procedimiento no es legal en este caso."Este plan supone de hecho la modificación de al menos 10 artículos de las normas urbanísticas de Madrid, y requiere para su tramitación una modificación profunda del plan general", explica Luis Eduardo Cortés, vicepresidente regional y consejero de Urbanismo. "El cambio que la nueva norma prevé es profundísimo, lo que hace necesario un análisis previo de la Comunidad. El Ayuntamiento debe retirar el plan y volver a presentarlo como modificación del PGOU", añade. Cortés ha mantenido conversaciones con el alcalde madrileño, José María Álvarez del Manzano, para tratar de arreglar el problema, pero le ha advertido de que, si no rectifica y retira el plan, el Gobierno que preside Alberto Ruiz-Gallardón lo impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia.

"El procedimiento ha sido absolutamente correcto. La nueva norma no modifica el plan general en ninguno de sus artículos", replicó a estas advertencias el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río. "Lo único que hemos hecho es desburocratizar los trámites para construir nuevos hoteles, y ésa es competencia exclusiva del Ayuntamiento", añadió el edil, antes de asegurar que el Consistorio "defenderá, si es necesario en los tribunales, este plan especial".

La Comisión de Urbanismo dio el lunes luz verde a la nueva norma, en contra de la opinión de los empresarios del sector, que presentaron alegaciones a través de la Asociación Hotelera de Madrid, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y el grupo Hoteles 20. Los hoteleros consideran que la liberalización del suelo implicará un aumento excesivo de la oferta: habrá más camas que clientes, y eso perjudicará al negocio y afectará a la calidad del servicio. La capital cuenta con 40.000 plazas en hoteles, una cifra que habrá aumentado en un 20% antes de que termine 2001, según estos empresarios.

La opinión y los datos que maneja el concejal de Urbanismo son muy distintos. Del Río asegura que un incremento en el número de habitaciones será imprescindible para albergar a los "120 millones de personas" que visitarán la ciudad en los próximos años atraídas por las ampliaciones del aeropuerto de Barajas, el recinto ferial Ifema y la zona de museos, así como por la aún no planteada candidatura de Madrid a sede olímpica.

El consejero de Economía, Luis Blázquez, ve también "más que dudosa" la legalidad de este plan especial. "Lo normal es que cualquier modificación de los planes de urbanismo tenga sus trámites", declaró ayer a Efe. Blázquez es partidario, eso sí, de aumentar la oferta de plazas en los hoteles de la región, que, en su opinión, registra importantes diferencias entre unos municipios y otros.El consejero estima que la Comunidad necesita 20.000 plazas hoteleras más, a sumar a las 62.000 existentes. De ellas, casi siete de cada 10 se encuentran en la capital. Pero en localidades como Alcalá de Henares, los turistas, dice Blázquez, "no tienen dónde dormir".

No es la primera vez que la Comunidad y el Ayuntamiento -ambas instituciones gobernadas por el PP- se enfrentan por cuestiones urbanísticas. En 1997, fecha de aprobación del PGOU, el equipo de Álvarez del Manzano y el del presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón discutieron sobre el número de viviendas que era posible hacer en El Pardo y en Arroyo del Fresno. El criterio de la Comunidad, más restrictivo, se impuso. Actualmente, la pugna sigue abierta: el Gobierno regional es favorable a permitir la construción de rascacielos en la Operación Chamartín, que tiene por objeto cubrir las vías de la estación. Pero el alcalde no está de acuerdo.

La Comunidad y el Ayuntamiento se enfrentan además en la redacción de la Ley de Capitalidad, cuyo texto aún se está elaborando. El municipio considera que es autónomo en materia de urbanismo y que no debe pedir permiso al Gobierno regional para las operaciones que considere precisas. El Ejecutivo de Ruiz-Gallardón pretende todo lo contrario: recortar las competencias urbanísticas del Ayuntamiento en beneficio de la Comunidad.