Agria polémica en el Reino Unido por la financiación de una gigantesca presa turca

La construcción de una gigantesca presa turca junto a Irak ha levantado una polvareda en el Reino Unido, donde una comisión de la Cámara de los Comunes ha puesto en solfa los criterios que las agencias de cooperación de países ricos aplican en la concesión de ayudas al desarrollo. Ilisu está proyectada para almacenar 10.400 hectómetros cúbicos de agua (tres veces mayor que La Serena, la más grande de España), antes de que el Tigris descienda a la antigua Mesopotamia. Mientras el Banco Mundial ha rechazado financiarla, en el Reino Unido se alzan voces en contra de un crédito-ayuda de 59.400 millones de pesetas.

Consorcio europeo

La presa se levantará a 4.000 kilómetros de Londres. Pero pocos proyectos tan lejanos habían suscitado tanta polémica en los Comunes y en la prensa británica. El fuego se ha abierto con un informe de la Comisión Internacional del Parlamento, en el que se critica al Gobierno por conceder un crédito de 220 millones de libras (59.000 millones de pesetas) a la empresa Balfour Beatty, que participa en el consorcio encargado de construir Ilisu.

El comité pide que no se conceda, y exige que los proyectos de esa magnitud deben reunir condiciones mínimas que Ilisu no cumple; su planificación contraviene las normas internacionales sobre respeto a los derechos humanos de quienes se verán forzados a buscar realojo en otros emplazamientos sin que se les garantice una compensación. Solicita al Foreign Office y al Departamento de Garantías para Créditos a la Exportación del Ministerio de Comercio e Industria que no preste asistencia a las empresas sospechosas de corrupción incluidas en una lista negra del Banco Mundial. Aunque el Gobierno alega que no tomará una decisión definitiva hasta no disponer del estudio de impacto ambiental y el plan de realojo, la comisión exige un debate previo en el que se pongan sobre la mesa todas sus implicaciones.

El debate aparece en periódicos relevantes, desde el Financial Times al The Independent o The Guardian, en cuyas páginas se han cruzado cartas varios ministros y ONG. Una treintena de ellas ha entregado un memorándum a Tony Blair, y a seis de sus ministros, en el que piden una reforma radical de las garantías exigidas para la concesión de créditos a la exportación. En su opinión, debe darse prioridad a aquellos proyectos que contribuyan a erradicar la pobreza, promuevan los derechos humanos y mitiguen el cambio climático.

Dos miembros de los Comunes, Ann Clwyd y Peter Lloyd, se han desplazado la semana pasada a Anatolia (este de Turquía) para mantener reuniones con colectivos locales defensores de los derechos humanos, mayoritariamente de origen kurdo. Los parlamentarios redactarán un informe sobre sus entrevistas y lo harán llegar al Gobierno británico.

Ilisu no es una presa cualquiera, ni la única de gigantescas dimensiones que los turcos han proyectado en el sureste del país, con la decidida voluntad de elevar la renta de esta región, habitada por la minoría kurda. Todas ellas responden a planes épicos promovidos por Kemal Ataturk (el padre de la Turquía moderna), que fueron desempolvados en los años sesenta y apenas consideran los impactos ambientales. Agrupadas bajo el nombre de GAP (Proyecto del Sureste de Anatolia), pretenden aprovechar las aguas del Tigris y del Éufrates mediante la construcción de 25 sistemas de regadío, 22 presas y 19 estaciones hidroeléctricas. El conglomerado proporcionará una potencia eléctrica de 7.500 MW (equivalente al de todas las centrales nucleares españolas) y 17.600 kilómetros cuadrados de nuevos regadíos, más de dos veces la región de Madrid.

Dos de las mayores presas, Keban y Ataturk, ambas en el Éufrates, ya están en funcionamiento. Entre ambas pueden almacenar 41.200 hectómetros cúbicos de agua, con lo que casi igualan la capacidad de todas las presas españolas. De llevarse a cabo las obras previstas en Turquía, Siria se vería privada de un 40% de sus recursos hídricos e Irak en un 90%. Como compensación, Turquía propone construir dos acueductos para llevar agua hasta Israel y Jordania y los Emiratos Árabes, pero nadie confía en su ejecución por su elevado coste y lo vulnerable de su seguridad.En Ilisu participa como banco coordinador la Unión de Bancos Suizos (UBS) y varias constructoras europeas. Pese a los esfuerzos turcos por mostrar en el reciente Forum del Agua de La Haya sus programas de realojo de los afectados, el Banco Mundial ha rehusado financiarla. Las ONG dicen que no han sido consultadas ni pueden manifestar su desacuerdo, porque se les perseguiría como simpatizantes de la guerrilla kurda.

Las empresas suizas Sulzer y ABB han realizado estudios de impacto, pero no los han hecho públicos. Cuando la ONG Declaración de Berna solicitó una copia, un portavoz del consorcio admitió que el estudio se había hecho para uso exclusivo interno de las entidades financieras.