Unanimidad en los criterios para proteger la isla de Tabarca

Seis años después de iniciarse los trabajos, sujetos a diversos altibajos, el Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer, con carácter provisional, el Plan Especial de Protección de la isla de Tabarca. El documento actualiza los criterios del antiguo planeamiento, redactado en los años ochenta, y aleja definitivamente el fantasma de la construcción sobre la mayor parte del archipiélago, que queda declarado de utilidad pública para su posterior adquisición para que integre el patrimonio municipal. El planeamiento consiguió la unanimidad de los grupos políticos, previo consenso con el resto de administraciones con competencias en Tabarca.Del plan especial destaca también el compromiso de rehabilitar la muralla de la isla en todo su perímetro, lo que implicará la demolición de parte de algunas edificaciones que impiden ese trabajo. Los propietarios serán compensados con parcelas urbanizables en la misma Tabarca. A partir de la entrada en vigor del nuevo planeamiento, tampoco se permitirán más edificaciones en la franja de territorio de dominio marítimo-terrestre. Además, los constructores que actúen en el archipiélago estarán obligados a costear el traslado de residuos al vertedero que se les indique, en zona peninsular, con lo que se evitarán los vertidos de materiales al mar, objeto de polémica.

La calificación del campo de Tabarca como elemento integrante de la red primaria de espacios libres públicos, supone de hecho la protección total de la más grande de las islas que configuran el archipiélago. Salvo las construcciones ya existentes (el faro, la torre de San José, una casa de labranza y el cementerio), esa zona queda preservada en su integridad. Su declaración como utilidad pública implicará que el Ayuntamiento comenzará las negociaciones con los propietarios del suelo para su expropiación.

El Plan Especial de Protección se remitirá ahora a la Consejería de Obras Públicas, organismo encargado de su aprobación definitiva antes del mes de febrero, fecha en la que expira el periodo de suspensión cautelar de licencias de construcción.