Proyecto turístico de Punta Umbría

Palabras como ilegalidad, oscurantismo, procedimientos defectuosos, especulación, entre otras de igual calado, son las que se escuchan en torno al proyecto de construcción de 13 hoteles, un campo de golf y un área residencial en la zona denominada Campo Común, de 168 hectáreas, en el término municipal de Punta Umbría (Huelva).¿Por qué no se escucharán adjetivos del proyecto como encomiable, respetuoso con el desarrollo sostenible de la población, digno de admiración por la compatibilidad de los intereses económicos y ambientales?

En esta Andalucía nuestra, la ignorancia e incapacidad de muchas personas con responsabilidades políticas, es digna de admiración por lo insólito de las situaciones que se crean, por lo inusitado y asombroso de los acontecimientos que acaecen, porque en esta tierra nuestra, como siempre, los "pelotazos" están a la orden del día y el ir contra las normas más fundamentales en temas medioambientales (así como en cualquiera otras) es la práctica habitual.

Resulta que existe un proyecto, adornado con muchos puestos de trabajo, de construir 13 hoteles, un campo de golf y una zona residencial en suelo de monte público (terreno forestal) que transgrede frontalmente preceptos de la Ley Forestal y las normas urbanísticas más elementales.

Como no podía ser de otra forma, la Consejería de Medio Ambiente desestimó la petición del Ayuntamiento de Punta Umbría por incumplimiento de la ley antes aludida, a saber: los terrenos no han perdido la condición de terreno forestal, no existiendo, por otra parte, descatalogación de los mismos. Al ser terrenos forestales sobre los que se pretende realizar el proyecto antes aludido, por los recursos naturales que sustentan y por los valores sociales y ecológicos que sostienen, están sujetos a una especial protección, vigilancia y actuación de los poderes públicos. Y esta afirmación no se puede ignorar, por muchos millones que intereses privados estén dispuestos a poner sobre la mesa. Tampoco podemos obviar el pronunciamiento negativo al proyecto de la Consejería de Turismo. Lo que se está echando de menos es el apoyo del presidente de la Junta a éstas sus dos Consejerías.

Y es que el problema de fondo es, como siempre, que los intereses económicos imperan sobre los intereses ambientales. Es éste un problema que traspasa las fronteras de Andalucía erigiéndose como un problema a nivel internacional y una de las principales fuentes de alimentación de esta máxima es que no existe una necesaria conciencia ambiental de la población.

Ya lo dijo hace unos días la consejera de Medio Ambiente, aprovechando una visita a Huelva: "Para conseguir un desarrollo sostenible es necesario crear una cultura ambiental", sin conciencia ambiental, proyectos que atacan expresamente a nuestro patrimonio ambiental, como el que estamos analizando en estas líneas, se verán normales por la población, y la gente simplemente pasará del tema comentando que "son cosas de políticos".

No obstante a todo ello, no podemos olvidar que las políticas europeas, de las cuales no somos ajenos por motivos obvios, están dirigidas a la promoción y consolidación de un modelo de desarrollo sostenible y, a lo mejor, será necesario adecuar el obsoleto modelo turístico que se quiere, a fuerza de martillo, implantar en Punta Umbría, a un proyecto con miras en el medio ambiente y su respeto como pauta fundamental.

No olvidemos lo que pasó con Puerto Sherry, que se ofrecía como la panacea, y con qué nos encontramos ahora.

El Ayuntamiento de Punta Umbría debe tener poderosas razones para que el proyecto salga adelante (es curioso que el secretario general del PSOE de Huelva sea, a la sazón, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Punta Umbría); una de ellas, si no la fundamental, es que el 80% de su presupuesto se basa en la venta de parcelas. Pero no podemos obviar el gran valor ecológico que tiene la zona sobre la que recae el mismo, que forma parte del 70% que el municipio tiene de superficie protegida, y el gran impacto ambiental que supondría eliminar la gran masa forestal que se pretende.

Intereses económicos versus intereses ambientales.- Francisco Casero Rodríguez y Manuel Castañón del Valle. Sevilla.