La ampliación del Parlamento cuesta casi 1.100 millones más de lo previsto

Polémicas fachadas

El que las obras de la nueva sede administrativa del Parlamento vasco en Vitoria estaban dando más quebraderos de cabeza que otra cosa era un hecho constatable. Ahora, las cifras lo corroboran: ocho meses de retraso y un sobrecoste de 1.086 millones de pesetas en relación a lo previsto en el presupuesto inicial. A partir de octubre, cuando el edificio se ocupe por completo y comience a funcionar con normalidad, probablemente la alegría por la comodidad y amplitud de las nuevas instalaciones hará olvidar a sus inquilinos los retrasos. Sin embargo, quienes no olvidarán las penalidades sufridas serán los comerciantes de la zona, que insisten en pedir indemnizaciones económicas por los dos años largos que han soportado cubiertos de toldos y rodeados de vallas, maquinaria y andamios.Las dificultades técnicas sobrevenidas al proyecto de construcción, la fragilidad de las fachadas del inmueble -de obligada conservación- y las particularidades geológicas de la zona sobre la que se asienta el edificio han propiciado la prolongación de los plazos de ejecución de la obra y que su coste se haya disparado. Los trabajos se presupuestaron en abril de 1997 en 2.014 millones de pesetas y 2

0 meses de ejecución; se iniciaron en octubre de ese mismo año y el edificio se entregó en marzo pasado tras invertir en su construcción 3.100 millones de pesetas. El servicio de protocolo del Parlamento mostró ayer algunas de las dependencias de la nueva sede, entre las que destacan la biblioteca y el túnel subterráneo, que conecta con la sede política de la Cámara -donde se celebran los plenos y las comisiones- y que ha sido la obra de ingeniería más difícil de abordar en el conjunto de la instalación.

La conclusión de las obras ha puesto punto final a un proyecto ideado en 1987. En aquellas fechas, los responsables del Parlamento se decantaron como segunda sede por el edificio situado enfrente de sus actuales dependencias, en las inmediaciones de la Virgen Blanca, el punto neurálgico de la capital alavesa. Tirantes expropiaciones, indefinición de proyectos y desacuerdos entre el entonces alcalde, José Ángel Cuerda, y el Parlamento por la conservación de las fachadas retrasaron el inicio de las obras diez años. Tras un eterno tira y afloja, el Legislativo se vio obligado a mantener intacta la estructura original del edificio para no infringir la ordenanza municipal. El inmueble, que comprende cuatro fincas de principios de siglo ubicadas en el Ensanche decimonónico de la ciudad, está incluido en el catálogo de edificaciones a conservar, por lo que su estructura exterior no puede ser alterada en caso de reformas. El desmontado de las fachadas, las obras de cimentación y reconstrucción de las nuevas y el encaje con el nuevo edificio han supuesto un incremento del coste de las obras de 630 millones de pesetas.