La edad de jubilación

El 12 de julio publican la enésima defensa del retraso de la edad de jubilación hasta los 70 años (de momento, voluntaria) que han hecho, en este caso, el profesor Barea y el ex ministro Boyer. Me pregunto cómo tan ilustres economistas pueden compaginar esto con el hecho de que España es el país en que más rápidamente está extendiéndose la expulsión del mercado de trabajo de los mayores de 50 años, lo que suele ocultarse, pero que está documentado, por ejemplo, en el libro de María Teresa Bazo Los mayores en Europa (Biblioteca Nueva, Madrid, 1999).Como es bien sabido, la mayor parte de los españoles trabajan en pequeñas y medianas empresas, las cuales ven cómo las grandes compañías, con elevados beneficios, reducen personal mediante las "prejubilaciones", que en realidad son despidos pactados. Esto empezó en los años setenta y ochenta con las reconversiones industriales en sectores como la siderurgia, la minería y la industria naval, y siguió en los noventa en la banca y otros sectores.

Desde hace años, las pequeñas y medianas empresas siguen el ejemplo de las grandes, pero, al no disponer de los recursos financieros de éstas (que proceden del conjunto de la sociedad, vía precios), las reducciones de personal son mucho más traumáticas y se traducen en despidos, en muchos casos forzando las circunstancias laborales para evitar ser condenadas en eventuales demandas, para lo cual disponen de múltiples posibilidades que sólo quienes han trabajado en esas empresas conocen bien. Estos empresarios actúan sin miramientos, pues lo que está en juego no son los dividendos de anónimos accionistas como en las grandes empresas, sino el futuro de su patrimonio personal y familiar. Desde luego, los funcionarios y empleados de grandes empresas, públicas o privadas, no conocen todo esto por no haberlo sufrido personalmente.

Si la sociedad acepta que a los 55 años los trabajadores ya no son útiles en el mercado laboral, y es ilusorio, por múltiples razones, pensar que la formación continua es la solución, cuando se nombran directores generales de 25 años, y como resulta inviable obligar a los empresarios a mantener a sus trabajadores en plantilla hasta la edad de jubilación, deberá la sociedad asumir el coste de mantener a esas familias mediante los cambios legales necesarios, pues lo que no es admisible es que, después de haber entregado al trabajo sus mejores años, sean arrojados al paro anticipadamente y se vean obligados a subsistir con sus ahorros hasta que les llegue el momento de cobrar la pensión de jubilación, que se verá drásticamente reducida al no haber cotizado los últimos años de vida laboral.

Es de esperar que en las próximas negociaciones para la renovación del Pacto de Toledo los sindicatos defiendan al conjunto de los trabajadores, la mayoría de los cuales se encuentra en la situación descrita.- María Ramos García. Madrid.