La reforma plantea una acusación popular que complemente al ministerio público

La propuesta de reforma del proceso penal realizada por el CGPJ, junto a la novedad de la instrucción por el fiscal, contiene, entre otras regulaciones, la configuración legal de la acusación popular "como una forma de participación del ciudadano en la justicia" que complementa la actuación del fiscal.La acción popular se efectuará "con carácter subsidiario" respecto a la acción pública, cuando ésta se ejerce. En cambio, si el fiscal no actúa, el acusador popular "podrá formalizar la acusación y solicitar, además de la práctica de las diligencias imprescindibles, la apertura del juicio oral".

El CGPJ considera que ha habido un "reducido número de supuestos de ejercicio abusivo" de la acción popular, por lo que cree que "no parece aconsejable restringir su uso con carácter general, salvo en procesos de menores, juicios de faltas y jurisdicción militar". En cambio, sí estima adecuado limitar su ejercicio en juicios rápidos y en aquellos de reparación inmediata del daño o de justicia negociada.

En cuanto a los legitimados para ejercer la acción popular, el CGPJ propone que se atribuya "a todos los ciudadanos" y que se excluya a las administraciones públicas y "a las personas físicas o jurídicas que puedan resultar responsables penal o civilmente por el delito que se investigue". Pide que se excluya también el uso de la acción popular en "fraude de ley o abuso de derecho".