La Audiencia de Barcelona juzgará en noviembre a la cúpula de Bankpyme por delito fiscal
La Audiencia de Barcelona ha señalado para el próximo 15 de noviembre el inicio de las sesiones del juicio contra la cúpula del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), acusada de "cooperación necesaria" en un presunto delito fiscal cometido al comercializar dos fondos de inversión a finales de los años ochenta que permitieron a varios clientes no declarar más de 2.000 millones de pesetas al fisco. El fiscal solicita para esos cuatro directivos del banco penas de entre ocho y nueve años de prisión.
El juicio señalado por la Sección Segunda de lo Penal, que se prevé que acabe el 20 de diciembre, será el primero en el que se siente en el banquillo a la cúpula de un banco acusada de cooperación necesaria en un presunto delito contra la Hacienda pública, cometido, en este caso, por algunos clientes del banco al liquidar el impuesto de la renta del ejercicio de 1988.En el auto que señala las fechas para el juicio se sugería a las partes que si tenían algún motivo que pudiera impedir su celebración lo comunicasen a la sala. Basándose en ello, Bankpyme ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que aplace el juicio porque, según afirman los representantes de la entidad financiera, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo sobre el caso relativo a la admisión de prueba. La Sección Segunda ha dado traslado de esa petición al fiscal para que informe.
En el escrito de acusación del caso, datado en febrero de 1998, la fiscalía solicita ocho penas de un año de prisión por otros tantos delitos fiscales para Josep Jané Solà, presidente ejecutivo de Bankpyme; Josep Maria Fabregat, vicepresidente de la entidad, y Alber Rivillo, apoderado de una filial del banco. Igual pena se solicita para Francesc Busquets, otro vicepresidente del banco, a quien se le imputa, además, otro delito fiscal como autor material.
Multas de 540 millones
Según la fiscalía, Busquets era titular de dos cuentas, en las que realizó en 1987 inversiones por valor de 258 millones de pesetas, por 119 millones en 1988 y por 7 millones en 1989. La acusación pública considera que, a la hora de realizar la declaración de renta, Busquets defraudó una cuota tributaria superior a 19 millones y que, al conocer su inculpación penal, presentó fuera de plazo una declaración complementaria por 20,8 millones.El escrito de acusación de la fiscalía solicita, además, sendas multas de 540 millones de pesetas para Jané Solà, Rivillo y Fabregat, y para Busquets, multa de 580 millones. El fiscal acusa también a nueve clientes titulares de fondos de inversión, para los que reclama sendas penas de un año de cárcel como autores directos de un delito fiscal. Se trata de inversores que tenían cantidades que oscilaban entre 41 y 136 millones de pesetas.
El fiscal reclama también que estos inversionistas y la cúpula de Bankpyme pierdan la posibilidad de obtener subvenciones públicas, crédito oficial y derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante seis años.
Los fondos de inversión Multivalor y Multidinero se crearon en 1986 y 1987, y en el plazo de tres años se nutrieron de 62.000 millones de pesetas, depositados por un total de 12.185 clientes de la entidad, según el fiscal.
El caso se destapó en diciembre de 1993, cuando dos empleados que habían sido despedidos se querellaron contra el banco. Cuando ya había concluido la investigación de la juez Montserrat Comas de Argemir, la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona estimó un recurso del banco y ordenó que un tercer perito realizara un nuevo informe ante las contradicciones que evidenciaban los dos que se habían realizado hasta entonces: uno a instancias de un profesional propuesto por Bankpyme y otro elaborado por dos peritos designados por el juzgado.
Ese trámite demoró un año más la instrucción, que volvió a retrasarse cuando la Audiencia revocó otra decisión de la juez por la que se establecían los criterios para concretar qué acusados habían regularizado su situación. Finalmente, en junio de 1998, la juez abrió juicio oral contra las 13 personas que se sentarán en el banquillo y 15 meses después de que la causa llegara a la Sección Segunda se ha señalado el juicio.
En estos años, la justicia ha tramitado también un proceso penal relacionado con el caso que ha acabado con una condena firme por extorsión contra el abogado Jacinto Gimeno Valentín Gamazo. Este letrado es el autor de la querella que dio origen al proceso penal. La justicia declaró probado que Gimeno exigió dinero al banco para retirar la acusación, que ejercía en nombre de los empleados que habían sido despedidos. Bankpyme presentó denuncia por intento de chantaje.
7.500 millones en una semana
Las diligencias previas 3261/93, que empezó a tramitar en diciembre el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, han resultado ser el caso más complejo que le ha correspondido a Montserrat Comas en los 13 años que lleva ejerciendo como juez.Fue un caso atípico desde su inicio, porque la querella por delito fiscal que abrió el procedimiento no la presentó la fiscalía como suele ocurrir en casi todos los casos, sino dos empleados del banco que habían sido despedidos y había actuado como agentes comerciales en la captación de clientes.
El registro del banco ordenado por la juez duró tres días. En previsión de que los centenares y centenares de folios que se pudieran incautar no pusieran a la justicia en el rastro para averiguar la identidad de los titulares de las cuentas, la magistrada ordenó que la asesorara en el registro el programador informático que había diseñado el sistema utilizado por Hacienda en Cataluña. De esta manera, se encontraron en un rincón del sistema informático de Bankpyme las listas de los beneficiarios de los fondos, aunque los titulares tardaron en ser identificados. En unos días, esas listas fueron cotejadas con las de Hacienda y se comprobó que ninguno de los titulares había declarado las inversiones.
Antes de que se levantara el secreto del sumario, que duró unos 50 días, el banco compareció en el proceso y se le instó a que permaneciera a la espera de que las actuaciones fuesen públicas. Finalmente, la juez encausó a 80 personas físicas y empresas que tenían inversiones superiores a 200 millones de pesetas en esos fondos, a las que acusaba de un delito fiscal al liquidar el impuesto de la renta de 1988.
Los encausados residían en diversas ciudades de Cataluña. A la hora de notificárseles los cargos, en algunos casos se tardó 15 días, y para entonces, algunos de los acusados ya habían acudido a saldar sus deudas con Hacienda, ya que de esta forma se considera que se ha producido una regularización voluntaria y se evita el delito fiscal. En menos de una semana Hacienda ingresó más de 7.500 millones de pesetas en regularizaciones voluntarias. De esta forma, quedaron exentos de responsabilidad penal y el número de acusados se redujo a 13.
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