Aguas de Valencia debe aclarar cómo saneará el déficit de jubilaciones

El Grupo Aguas de Valencia deberá aclarar antes del 31 de diciembre cómo saneará el déficit de 2.214 millones de pesetas que arrastra el fondo de jubilaciones del personal afecto al contrato de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Valencia, un 90% del total de la plantilla. Los informes de auditoría que Arthur Andersen ha realizado de las cuentas anuales de Aguas de Valencia revelan, al menos desde el año 1993, un déficit en la provisión del plan de jubilaciones, que en 1999 asciende a 2.214 millones de pesetas. Este plan se ha financiado hasta la fecha en un 80% por los contribuyentes a través de las tarifas, pero esta vía resulta insuficiente para financiar un déficit que crece cada año. Las tarifas deberían de incrementarse en un porcentaje muy elevado para dotar este fondo antes de que finalice la concesión del Ayuntamiento de Valencia a la compañía Aguas de Valencia, que acaba en marzo de 2002.

La legislación sobre complementos de pensiones obliga además a Aguas de Valencia a "externalizar" antes del 31 de diciembre su plan de pensiones, es decir que sea un tercero quien gestione el fondo. El comité de empresa de la compañía negocia desde hace meses con la dirección cómo llevarlo a cabo, pero todavía no hay acuerdo. La cesión a terceros de los complementos de pensiones obligará a Aguas de Valencia a especificar cómo y quién se hará cargo del déficit, sobre todo, si el Ayuntamiento de Valencia no le renueva la concesión a la compañía que ahora preside Vicente Boluda. "Nosotros estamos desde principios de año buscando soluciones", declaró ayer el presidente del comité de empresa de Aguas, Pedro Álvarez, de UGT. "Hay fuertes sanciones administrativas para quien no lo externalice", advirtió el dirigente sindical.

Nueva concesión

Según declaró la semana pasada el director general de Aguas de Valencia, Álvaro Aguirre, la dotación de este fondo será competencia de la compañía que explote durante otros 50 años el servicio de abastecimiento de agua potable a partir de 2002, ya sea Aguas de Valencia u otra distinta, la ganadora asumirá automáticamente al personal afecto al contrato y por tanto el déficit de pensiones. Otras fuentes del sector aseguran que la declaración de Aguirre es una interpretación, dado que las bases del concurso para renovar la concesión no especifican la obligación de asumir al citado personal. En este caso, o bien Aguas de Valencia o bien el Ayuntamiento deberán hacerse cargo del pago de los 2.214 millones de pesetas pendientes. Este diario ha intentado sin éxito recabar información del Consistorio. Ni su concejal de Hacienda ni tampoco el del Ciclo Integral del Agua aclaran la cuestión. Lo que sí está previsto es que en julio, el PP apruebe la subida de las tarifas del agua, en función de la propuesta de costes de Aguas de Valencia. La sociedad repercutirá en esta revisión, generalmente anual, la dotación del plan de jubilaciones. "Los trabajadores de Aguas estamos convencidos de que se solucionará", agregó Álvarez.