Un portal francés de Internet deja fuera de servicio a 48.000 sitios

Las enmiendas introducidas en la Ley Audiovisual de Francia, que fue aprobada a finales de junio, podrían tener un efecto inverso al deseado. En protesta por las medidas previstas, el portal asociativo Altern ha decidido dejar fuera de servicio a los 48.000 sitios que alberga. Asociaciones de usuarios de la Red y de profesionales han suscrito una solicitud para que las enmiendas sean modificadas o anuladas.

Policía interna

Al principio, las enmiendas a la Ley Audiovisual propuestas por el diputado Patrick Bloche (Partido Socialista) pretendían proteger a los portales de Internet contra las demandas abusivas y el celo de ciertos magistrados. Los portales eran habitualmente considerados responsables de los contenidos ilícitos de los sitios o páginas alojados en sus servidores, aunque no fueran los autores ni tuvieran medios para vigilarlos permanentemente. Esta situación era una amenaza directa a la libertad de expresión: los portales se veían incitados a cerrar preventivamente los sitios controvertidos para evitar problemas. Cuando el diputado Bloche intentaba demostrar la necesidad de una reforma, tomaba a menudo como ejemplo el caso de Altern, portal asociativo gratuito y abierto a todos. Como Altern rehusaba ejercer ese tipo de "censura privada", se encontraba amenazado por procesos incesantes.

Las enmiendas de Bloche fueron votadas finalmente el 28 de junio último, pero el resultado ha sido exactamente el contrario al fin buscado: al día siguiente, Valentin Lacambre, fundador de Altern, decidió cerrar sus servidores, al estimar que la nueva ley le coloca en una "posición insostenible". De un solo golpe, cerca de 48.000 sitios francófonos de la Red quedaron fuera de servicio.

A lo largo de la navegación parlamentaria, que ha durado más de un año, el proyecto fue modificado varias veces. Su versión final contiene disposiciones bastante alejadas del espíritu del proyecto inicial. Lacambre se revuelve, sobre todo, contra la obligación impuesta al portal de proceder a "diligencias apropiadas" cuando sea advertido por un tercero de que el contenido de un sitio es ilícito o le causa un perjuicio. "En definitiva, esto significa que yo debería advertir a la justicia cada vez que reciba un mensaje anónimo reprochando cualquier cosa. En el debate parlamentario, la ministra Catherine Tasca precisó que las 'diligencias apropiadas' comprendían la obligación de advertir a la autoridad judicial. Esto es una locura. Tendría que dedicar a esto todo mi tiempo; conozco lobbies organizados que me bombardearían con demandas noche y día", deplora Lacambre. Además, los portales tienen que conocer el nombre y la dirección de los internautas que desean crear un sitio, a fin de poder comunicarlos a la justicia si se lo exige.Lacambre abandona el combate, al menos por el momento, pero otros no renuncian. Varias asociaciones de usuarios y de profesionales, como Iris, han lanzado una solicitud de protesta a los poderes públicos, que ha sido suscrita por cerca de doscientas organizaciones francesas y extranjeras.