Los jueces obligan al regidor de Galapagar a debatir si tiene que dejar el cargo por deber dinero al Consistorio

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al alcalde de Galapagar (19.000 habitantes), el socialista Manuel Cabrera, a convocar un pleno para debatir y votar su presunta incompatibilidad para ser alcalde y, a la vez, deber dinero al Ayuntamiento. El PP solicitó el 30 de diciembre pasado la celebración de un pleno extraordinario para debatir la siguiente propuesta: "Que el pleno municipal declare incompatibles para desempeñar los cargos de alcaldes y concejales del Ayuntamiento a Manuel Cabrera, Victoriano Martínez, Isabel Andrés y José Ponce por ser deudores directos del Consistorio". La propuesta instaba, además, al pleno a que, de aprobarse la incompatibilidad, el alcalde y los ediles renunciaran al cargo o bien pagaran de su bolsillo la cantidad adeudada al Consistorio.El PSOE, para bloquear la votación de la propuesta del PP, interpuso un escrito en el que alegaba que el asunto de la deuda estaba aún sin resolver en firme por los tribunales -hay un recurso ante el Supremo-, por lo que la votación de la propuesta debía esperar. Según el procedimiento administrativo local, el pleno debía votar antes la moción del PSOE y no la propuesta del PP. El PSOE ganó la votación y consiguió parar el debate de la supuesta incompatibilidad del alcalde y los tres ediles.

El portavoz del PP, Santos de Juan, afirmó ayer que "los socialistas vulneraron el derecho de participación de los concejales de la oposición y ahora los tribunales han hecho justicia y han ratificado esa actitud intolerante". El alcalde, Manuel Cabrera, del PSOE, afirmó ayer que "los juristas no aconsejaban el debate de la propuesta del PP por estar aún el caso pendiente de resolución judicial". "No tengo nada que ocultar ni que temer, así que convocaré el pleno dentro del plazo que marca la sentencia [15 días]", añadió Cabrera.

Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó, en 1995, al alcalde y a los tres ediles a devolver, con dinero de sus bolsillos, el sueldo que cobraron durante la legislatura 1991-1995, por un defecto formal.