El PP amenaza con "un paso atrás" en las relaciones con el Gobierno por el recurso a los horarios comerciales

El Partido Popular cree que el recurso de la Junta al Tribunal Constitucional sobre horarios comerciales supone una "nueva apuesta por la confrontación". El secretario general de los populares en Andalucía, Antonio Sanz, aseguraba ayer que la decisión es un "grave error" y no tiene base jurídica porque hay sentencias que determinan la competencia del Estado. Sanz llevó más allá su juicio y afirmó que el recurso supone una nueva apuesta por la "confrontación" y un "paso atrás" en el diálogo que se inició con el Gobierno central.En rueda de prensa, Sanz apuntó que el Ejecutivo andaluz ha tomado una decisión "a todas luces precipitada", que no tiene ni siquiera base jurídica para llevarse a cabo, por lo que, a su entender, el único interés ha sido la "base política de contribuir a sumarse una vez más a la batalla contra el Gobierno central", buscar en una "decisión unilateral, la confrontación por la confrontación".

Asimismo, el dirigente popular calificó de "rontudamente falso" el argumento de la Junta para plantear que se invaden competencias de las comunidades autónomas con el citado decreto, toda vez que ya hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, a raíz del llamado decreto Boyer, que establecía que el Estado "puede establecer la libertad de horarios comerciales como medida de política económica general" y que las comunidades autónomas deberán someterse a lo dispuesto. Esa sentencia se produjo a raíz de que la Generalitat Valenciana aprobara una ley con la que pretendía restringir el sistema de horarios comerciales que se estableció en el decreto Boyer. Asimismo, Sanz quiso dejar claro que el decreto aprobado por el Gobierno del PP está en los mismos términos que la ley que se aprobó en 1996, por el anterior Ejecutivo socialista, que restringía la libertad de horarios comerciales establecida en el decreto Boyer y posponía al año 2001 la libertad total, algo que se prorroga hasta 2005 con la nueva decisión.

La Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía, (CECA) y los sindicatos del sector aplaudieron hoy la decisión de la Junta de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto sobre liberalización de los horarios comerciales al entender que invade competencias de la Ley andaluza de Comercio Interior y confiaron en que la Administración central "modifique" su postura.

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Romero, apoyó ayer la decisión del Gobierno andaluz, porque, a su juicio, invade las competencias de Andalucía. Romero manifestó que en el Estatuto de Autonomía se recoge que la Junta tiene competencias exclusivas en comercio y horarios comerciales, y que el Gobierno central las posee en comercio exterior, por lo que el decreto muestra la "involución y la actitud neocentralista" del PP.