La Junta facilitará por ley sueldo y vivienda a personas desfavorecidas

La ley contra la exclusión social que pretende aprobar el Gobierno andaluz durante esta legislatura prevé la creación de una tutela jurídica para personas con problemas de exclusión social, a las que se facilitará ayuda económica y el acceso a una vivienda mientras que consigue un puesto de trabajo. Con la aprobación de esta norma, también está prevista la supresión del actual decreto sobre el salario social, que pasará a regularse en el marco de la nueva norma.

La Consejería de Asuntos Sociales no ha concretado si el cambio del marco normativo en la renta mínima de inserción (o salario social) afectará a la actual naturaleza de la ayuda o a los requisitos para acceder a ella. De igual modo, están sin especificar las actuaciones de las que se beneficiarán las personas desfavorecidas tuteladas por la Junta, según un portavoz de Asuntos Sociales, informa El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, avanzó ayer en Cádiz, a grandes rasgos, que una de las medidas será la percepción de la renta mínima de inserción como "un derecho" y la regulación del acceso a una vivienda "en unas condiciones determinadas".

El cobro de la renta llevará acarreado, según Pérez Saldaña, "un compromiso de inserción a través de la formación y la integración laboral". A partir de ahí, el salario social se transforma en renta mínima de inserción. "El objetivo es que las personas tengan derecho a pasar un proceso de formación, ayudadas y apoyadas económicamente, que culmine con al creación de un empleo para esas personas que se encuentran en esa situación de exclusión", agregó.

La ley que pretende sacar adelante, de forma preferente, el consejero va más allá incluso que la que ha aprobado el Gobierno francés, en la que se inspira: "Será un avance más de lo que ha supuesto la ley de exclusión de Francia. Se supone que una persona excluida tiene derecho, como lo tendrán en el futuro los inmigrantes, a todos los programas".

A falta de concretar el número de personas que podrían beneficiarse con esta ley en Andalucía así como la consignación presupuestaria necesaria, el consejero explicó ayer que la medida proteccionista funcionará de modo semejante a la que reciben los menores. "La situación de estas personas será resuelta mediante una figura jurídica de protección. Al igual que en un menor, cuando está en situación de desprotección se crea la tutela, crearemos también la tutela para la persona excluida".

La misma ley finiquitará todos los programas actuales dirigidos a colectivos desfavorecidos y supondrá "un vuelco" en la materia, al conceder a esas políticas el rango de una ley y garantizar los derechos de cualquier persona en situación de marginalidad.

Desde el momento en que se apruebe la ley "no habrá programas ni para gitanos ni para inmigrantes ni el salario social", sino que todas las intervenciones se regularán a través de la ley. El texto creará una figura jurídica que determine las condiciones objetivas necesarias para acceder al beneficio "integral".

El consejero también apostó ayer en Cádiz por la firma de un pacto por el bienestar social. La Consejería exigirá a las ONG que quieran participar en la iniciativa o prestar servicios a mayores o discapacitados que lo hagan mediante una estructura empresarial o de economía social. "Deben deslindar claramente el papel del voluntario, para que no sea un empleado sin sueldo", dijo el consejero.