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El Rey elogia a Tomás y Valiente y califica el terrorismo como ataque directo a la convivencia

Los 20 primeros años del Tribunal Constitucional fueron celebrados ayer con un acto solemne presidido por los Reyes en el que don Juan Carlos evocó, "de manera especial, al extraordinario jurista y ejemplar persona Francisco Tomás y Valiente, que fuera presidente de este tribunal" y que fue asesinado por ETA en 1996. El Rey calificó el terrorismo como "el ataque más directo al marco de convivencia regido por la Constitución". El presidente del tribunal, Pedro Cruz Villalón, recordó que el juez debe proteger los derechos fundamentales y que al Constitucional le corresponde garantizar esa tutela.

Antes de levantar la sesión, don Juan Carlos destacó la tarea del Tribunal Constitucional, "que guía a todos, ciudadanos y autoridades, en la interpretación y cumplimiento de la Constitución", y dedicó unas palabras "a quienes han abierto y consolidado este camino con su dedicación y entrega".El Rey hizo una evocación especial a Tomás y Valiente, "cuya vida fue yugulada, para dolor de todos, por la barbarie terrorista", y consideró "oportuno repetir hoy aquí, una vez más, que el terrorismo es la negación más brutal de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el ataque más directo al marco de convivencia regido por la Constitución, de la que este tribunal es intérprete y garante".

Don Juan Carlos destacó el papel del tribunal "en la definición de los derechos fundamentales" y "en la articulación del Estado de las autonomías". También recordó que 20 años antes señaló al tribunal que, "mediante instrumentos jurídicos", habría de mantener con vigor y eficacia "la fórmula constitucional democrática". E hizo esta recomendación: "Hoy os invito a ampliar por este camino el conocimiento y la comprensión de la Constitución, como ámbito de concordia y de progreso colectivo".

Asistieron al acto representantes de los tres poderes del Estado, encabezados por el presidente del Gobierno, José María Aznar; las presidentas del Congreso, María Fernanda Rudí, y del Senado, Esperanza Aguirre, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, así como los presidentes de la gran mayoría de las comunidades autónomas, entre ellos el de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol; el del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, y el de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

Cruz Villalón agradeció la presencia de las autoridades que, "con su impulso y su confianza, han hecho posible esta jurisdicción", y la de los presidentes y miembros de otros tribunales de Europa e Iberoamérica, al igual que la del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luzius Wildhaber, y la de representantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Jueces y profesores

El actual presidente del Constitucional evocó el acto celebrado hace 20 años ante los Reyes, a partir del cual el tribunal, "con su característica combinación de jueces y profesores", se puso en marcha, y rindió homenaje a los primeros doce magistrados, presididos por Manuel García-Pelayo, que "dieron la pauta y marcaron el camino a todos los que habríamos de venir después".Cruz Villalón glosó la tarea de Tomás y Valiente de dar continuidad "con su extraordinaria claridad de pensamiento" a lo que García Pelayo inició. Evocó con emoción que "hoy, esta mañana, tendría que haber estado muy particularmente entre nosotros" y recordó: "Su vil asesinato, que conmovió a toda la sociedad española, fue también un crimen contra los valores con los que pretendemos construir nuestra convivencia".

En el análisis de los cuatro lustros transcurridos, Cruz Villalón se refirió a las renovaciones del tribunal y a su legitimidad, derivada de la elección parlamentaria de ocho de sus 12 miembros, de la designación por el Gobierno de otros dos, así como de la elección por el CGPJ de los otros dos restantes. En alusión a la tardanza en alcanzar los tercios requeridos en el Congreso y el Senado, señaló que "el último proceso de renovación, que hubo de consumir todo el año 1998, no constituye un precedente a seguir".

En cuanto a las competencias del tribunal para corregir leyes, amparar derechos fundamentales y resolver conflictos territoriales, Cruz Villalón elogió las 4.000 sentencias dictadas y se refirió a la "sobrecarga de asuntos, tanto cuantitativa como cualitativa".

Desaceleración de amparos

Respecto a la primera, justificó durante los primeros años de funcionamiento del tribunal "la abundante demanda de justicia constitucional en materia de derechos y libertades" para obtener una interpretación de los derechos fundamentales "en contraste con un ordenamiento jurídico casi todo él preconstitucional". Pero estimó que, una vez superada esa etapa, la "desaceleración" es posible.Cruz Villalón responsabilizó también de la excesiva cantidad de recursos de amparo al "deficiente desarrollo de la previsión constitucional de procedimientos judiciales ordinarios (...) para la tutela de esos mismos derechos". Recordó que "el juez de los derechos y libertades es, ante todo y sobre todo, el juez", mientras que "a este tribunal únicamente le corresponde una posición de garantía", a fin de "someter a nuestra consideración la corrección de la tutela previamente ejercida por el juez". Apeló al legislador para que impida que el Constitucional sea, como ocurre ahora en muchas ocasiones, "el primer órgano jurisdiccional ante el que se suscita esa pretensión de amparo".

En lo que se refiere a la sobrecarga cualitativa, Cruz Villalón se refirió a los cerca de 700 asuntos de delimitación de competencias estatales y autonómicas y pidió a los órganos afectados, una vez que "la doctrina autonómica se encuentra ya sólidamente asentada en diversas materias, un esfuerzo adicional de reducción de los asuntos competenciales actualmente sometidos al tribunal".

Apertura a la sociedad

Saludo "cordial" de Aznar e Ibarretxe

El presidente del Gobierno, José María Aznar, y ellehendakari,

Juan José Ibarretxe, acompañado del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, cruzaron un saludo "cordial" antes de iniciarse el acto que conmemoró el 20º aniversario del Tribunal Constitucional. Así lo manifestó a los informadores el propio presidente vasco, quien, a pesar de las críticas mutuas entre el PNV y el PP, aseguró que "aún hay que seguir hablando, seguir, seguir y seguir".

Sin embargo, Ibarretxe y Aznar no lo hicieron durante la ocasión que les proporcionó ayer su permanencia durante cerca de una hora en las estancias del Constitucional, en las que, tras el acto solemne, se sirvió un cóctel.

En cambio, durante ese periodo, Aznar sí departió con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Aznar conversó también durante unos minutos, además de con diversos magistrados del Constitucional y los ministros y otros altos cargos de su partido que le acompañaron, con el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, quien también mantuvo unos minutos de animada charla con don Juan Carlos.

Antes del acto oficial, el Rey inauguró una galería de retratos de los 38 magistrados del tribunal, realizados por Ana Torralva, quien explicó que ha dedicado unos siete años a este trabajo, cuyo objetivo es "humanizar a los magistrados", con cada uno de los cuales conversó durante más de una hora antes de fotografiarles.

Cuatro lustros interpretando la Constitución

La etapa presidida por Francisco Tomás y Valiente -asesinado por ETA en 1996- fue la de la apertura del tribunal "a toda la sociedad", según Cruz Villalón. La doctrina sobre la libertad de expresión e información fue ensanchada y el propio tribunal predicó con el ejemplo mediante la facilitación eficaz de sus resoluciones.El perfil mayoritariamente progresista del tribunal puso freno a algunos excesos de los Gobiernos socialistas. Así, la legislación antiterrorista fue declarada inconstitucional en alguno de sus artículos. Además, a la denominada Ley Corcuera -por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, que la promovió- se le declaró inconstitucional el precepto conocido como el de la patada en la puerta, en alusión a los registros policiales sin autorización judicial.

De aquella etapa es la Ley de Protección de Datos Personales, de 1992, recurrida en 1993 por el Defensor del Pueblo y el PP y que siete años después se encuentra a punto de deliberación por el pleno del Constitucional.

Pese a la gran cantidad de asuntos resueltos durante los mandatos de Miguel Rodríguez Piñero y Álvaro Rodríguez Bereijo, el aumento de los recursos de amparo terminó colapsando el tribunal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de julio de 2000

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