El Gobierno luso demora una vez más la expulsión del presunto etarra Telletxea

El Servicio de Fronteras y Extranjeros de Portugal (SEF), dependiente del Ministerio del Interior, ha trasladado al Juzgado de lo Criminal número 2 de Sintra, cerca de Lisboa, la orden de expulsión del país de José Luis Telletxea Maia, supuesto colaborador de ETA detenido en marzo de 1996 y cuya extradición ya fue denegada a España por las autoridades judiciales lusas.Fuentes españolas consideran que, con esta decisión, el Ejecutivo portugués ha tratado de "lavarse las manos" y "ralentizado una vez más" la expulsión de Telletxea, dado que el SEF ya se demoró casi seis meses en notificarle que no aceptaba su residencia en Portugal y podría haberle expulsado por vía administrativa. Las mismas fuentes creen que el traslado de su caso al juez del distrito en el que vive Telletxea puede abrir la posibilidad de nuevos recursos por parte de éste.

Acusado por la Audiencia Nacional de trasladar explosivos para la banda terrorista, Telletxea fue arrestado en el aeropuerto de Lisboa cuando intentaba huir hacia Venezuela con documentación falsa. Las autoridades judiciales lusas denegaron su extradición a España, pero el Gobierno decretó su expulsión. Ésta, sin embargo, fue paralizada debido a sus solicitudes, finalmente denegadas, de asilo político y residencia.

Tras agotar todos los recursos judiciales para retrasar su salida de Lisboa, los responsables de Interior comunicaron a sus homólogos españoles en la cumbre de Salamanca, a principios de año, que sería expulsado en breve al estar casi concluido su expediente.

Nada más lejos de la realidad. El director del SEF, Bernardo Lencastre, precisó casi seis meses para comunicarle que se le denegaba la residencia y más de 20 días en trasladar su expediente al juzgado de Sintra cuando se le podría haber expulsado por vía administrativa "por una supuesta amenaza a la seguridad de Estado", de acuerdo con la legislación.

De esta forma, el Ejecutivo "ralentiza una vez más" la expulsión de Telletxea y abre el camino para posibles maniobras dilatorias ante la decisión judicial, lo que supone "una evidente falta de solidaridad portuguesa en la lucha contra el terrorismo en España", según las fuentes españolas consultadas.