De polémica y oro

"Ha habido un desplazamiento de poder desde los gobiernos a los mercados, cuya consecuencia es una pérdida de autonomía de las autoridades nacionales en la elaboración de la política económica". La descripción de este hecho, comúnmente aceptado, corresponde al gobernador saliente del Banco de España, Luis Ángel Rojo.El hecho es que los gobiernos pierden poder frente al mercado, pero muy a su pesar y no sin resistencia. Un ejemplo es la posibilidad de vetar operaciones de empresas en las que participan o participaron los Estados mediante el mecanismo denominado acción de oro, que ahora cuestiona la Comisión Europea en nombre de la libertad de empresa y la libre circulación de capitales.

No es una simple cuestión de ideología. La ultraliberal Margaret Thatcher, en el Reino Unido, fue la primera gobernante europea que vetó operaciones empresariales que no eran de su agrado (adquisición de British Petroleum por los árabes de KIO), utilizando para ello la denominada golden share o acción de oro.

El mecanismo fue rápidamente copiado en Francia (action spécifique), en Italia, en España y en Portugal, por mencionar sólo algunos de los casos en los que los gobiernos -prácticamente todos en la UE- se han reservado el derecho a intervenir en operaciones que, por razones diversas, consideran delicadas, estratégicas o inconvenientes.

La confusa situación legislativa, que se ha mantenido en la Unión Europea durante más de una década, va a ser examinada hoy mismo por la Comisión Europea y por un hecho concreto: el uso que el Gobierno español está haciendo de la acción de oro en las empresas privatizadas Telefónica, Endesa, Tabacalera, Indra, Argentaria y Repsol.

La Comisión estudiará si lleva a España ante el Tribunal de Luxemburgo por su oposición a operaciones concretas, como la fusión de Telefónica con la holandesa KPN o el veto a la entrada de la eléctrica alemana EnBW, filial de la francesa estatal EdF, en Hidrocantábrico. Si así lo decide Bruselas, como ha señalado el presidente del Gobierno, José María Aznar, el caso de España no será único. La Comisión Europea ha abierto procedimiento sancionador, por causas similares o parecidas, a otros países como Holanda, Reino Unido, Francia, Portugal y Bélgica.

Como gran argumento de defensa frente a Bruselas, el Gobierno español ha afirmado que "nunca" -según expresión de Aznar- ha utilizado el mecanismo de la acción de oro en las empresas privatizadas, que fue concretado el 23 de marzo de 1995 por el Gobierno socialista de la época en la Ley de Régimen Jurídico de Enajenación de Participaciones Públicas.

El argumento de defensa sólo es válido a medias. Es cierto que, formalmente, el Gobierno nunca ha invocado la ley que exige a las empresas privatizadas solicitar autorización administrativa previa para vender porcentajes superiores al 10% de su capital. Pero la mera existencia del mecanismo -y en ocasiones, su simple mención- ha bastado para desinflar las operaciones no deseadas. Ejemplo: la fracasada fusión de Telefónica y KPN. Y es que no es fácil hacer negocios en un país en el que su Gobierno adopta posición de combate.

Por otra parte, allí donde el Gobierno español no ha podido esgrimir la acción de oro para parar operaciones poco gratas, se las ha ingeniado con otras herramientas. Así, el pasado año cortó el paso en el mercado español al monopolio estatal francés EdF con una medida contundente: una enmienda a la Ley de Presupuestos que prohíbe entrar en el mercado energético español a empresas extranjeras de capital público.

En las empresas españolas con acción de oro en vigor, la opinión mayoritaria -excepción hecha de Telefónica, que la ha sufrido de forma evidente- es que no ha influido en la marcha de sus operaciones. Así, el Gobierno no puso impedimentos a la fusión de Tabacalera con la francesa Seita en Altadis; la acción de oro tampoco afectó a la compra de la argentina YPF por Repsol; Argentaria pudo fusionarse con el BBV en las mismas condiciones que el Santander con el Central Hispano, y en Indra, la acción de oro sólo afecta a su división de Defensa, que representa un 20% de su negocio global.

El debate en torno al derecho de veto del Gobierno, tanto en Bruselas como en España, sí ha puesto de relieve la confusión ideológica que domina el panorama político. Así, el PSOE, junto con el PNV, se han alineado con las tesis de "no intervención" en el mercado frente a las tesis "intervencionistas" que defienden el PP, CiU e Izquierda Unida.