Impuestos sobre el capital y el trabajo

Tal como sucedió al comienzo de la legislatura pasada, el Gobierno ha vuelto a reducir los impuestos sobre el capital sin aliviar en la misma medida los impuestos sobre el trabajo. Entonces situó el impuesto sobre las plusvalías del capital en un 20%, muy por debajo del tramo alto para las rentas del trabajo y actividades empresariales, que hoy está en el 48%. Con aquella medida nos colocamos al nivel al que los Estados Unidos gravan las plusvalías. Ahora se ha ido más lejos, de tal forma que en España las rentas de capital van a estar mejor tratadas que en el país que se suele presentar como el más capitalista del planeta. A los pocos días de tomar esta decisión, se ha hecho público el último Informe sobre el desarrollo humano de la ONU, en el que se señala que las desigualdades en España han aumentado durante los últimos años. Sería interesante analizar los efectos sobre la igualdad de la política fiscal y presupuestaria aplicada en los últimos años, pero es algo muy difícil de hacer con los escasos datos disponibles. Quizá por ello, la discusión se ha centrado sobre los efectos de estas medidas fiscales sobre el ahorro. Es verdad que, en contra de lo que el Gobierno predijo, el ahorro de las familias españolas ha caído durante los gobiernos del PP. Pero también es verdad que el ahorro depende de muchos factores y es muy probable que el descenso de los tipos de interés, al estimular el gasto en vivienda, haya sido el principal responsable de esa caída del ahorro financiero neto de las familias que muestran las estadísticas.

Pero, más que sobre el ahorro, debería reflexionarse sobre los efectos que puede tener esta medida de mejorar el trato fiscal a los rentistas sin mejorar el de los trabajadores o emprendedores, sobre el destino de los ahorros de la gente, sobre dónde se favorece la inversión de los mismos. ¿La economía española necesita que se estimule la colocación de los ahorros en títulos que proporcionan rentas de capital o es mejor que los ahorros se dediquen a aumentar y mejorar el capital humano y las actividades emprendedoras para así aumentar las rentas de trabajadores y emprendedores?

Podrían ponerse muchos ejemplos, pero piénsese en un trabajador o ejecutivo que se plantee la siguiente alternativa a la hora de emplear sus ahorros (o una herencia): por un lado, invertir ese dinero en un fondo de inversión para así obtener plusvalías; por otro, gastarlo en estudiar durante un año en el extranjero en una escuela de negocios prestigiosa para obtener un master y así mejorar su remuneración en el futuro. Pues bien, con la política fiscal actual, la renta obtenida del fondo de inversión será gravada al 18% mientras que la mayor remuneración que obtendrá con su trabajo o con su actividad empresarial puede ser gravada hasta el 48%. El que invirtió en capital dinero pagará a Hacienda 180.000 pesetas por cada millón que haya conseguido gracias a su inversión, mientras que si optó por invertir en capital humano podría pagar hasta 480.000 por cada millón en que aumente su remuneración.

Acercar nuestra estructura fiscal a la de otros países desarrollados es una política sensata, pero aumentar la distancia del maltrato a trabajadores y a empresarios en relación a los rentistas no tiene sentido, y no sólo desde el punto de vista de la equidad, sino por sus efectos sobre el crecimiento. Este trato desigual tampoco tenía sentido en la vieja economía, porque siempre el crecimiento ha dependido del capital humano y de la actividad emprendedora, pero, ciertamente, la disponibilidad de capital era entonces más problemática que ahora. Hoy, en lo que llamamos la nueva economía, se justifica menos esta política de favorecer relativamente al capital dinero frente al capital humano, porque, gracias al desarrollo e internacionalización de los mercados de capitales, la riqueza de las naciones está basada, aún más que antes, en mejorar la formación y la capacidad empresarial de sus ciudadanos.