Fernández-Miranda no descarta cambios en el borrador de la Ley de Extranjería

El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, no descarta que el Ejecutivo introduzca modificaciones para suavizar el borrador de la nueva Ley de Extranjería antes de que sea aprobado por el Consejo de Ministros el próximo viernes, día 7. "Si podemos encontrar puntos de aproximación, no estamos cerrados. Estamos abiertos en tiempo y forma, hasta el martes por la noche, para que pudieran conocer el borrador definitivo todos los ministerios", manifestó Fernández-Miranda a Europa Press.El delegado ha comenzado a recibir ya las alegaciones de las organizaciones sociales, que, "aunque escasas, son rigurosas", muchas de las cuales tienen una concepción de la inmigración distinta a la que tiene el Gobierno. Según Fernández-Miranda, entre los informes recibidos hay dudas sobre si efectivamente queda claramente establecida la tutela judicial efectiva -incluso para los españoles que no están en España- y si se pueden poner limitaciones legales a los derechos de asociación, manifestación, sindicación y huelga.

Sin embargo, indicó que el Gobierno y las organizaciones sociales no se pueden poner de acuerdo en el hecho de no aproximar la legislación española a la media de las europeas, reducir a menos de cinco años el periodo para la regularización o no describir claramente la situación de ilegalidad o legalidad para tener una estancia o residencia en España.

"Nos preocupa especialmente no equivocarnos en el ámbito de los derechos y las libertades de los extranjeros", puntualizó Fernández-Miranda. No obstante, subrayó que el Gobierno no tiene ninguna duda sobre la constitucionalidad del texto, que "no es de máximos, sino el que se cree adecuado". Asimismo, apuntó que el gran debate se articulará por la vía parlamentaria a través de las enmiendas de los grupos.

Voto para los inmigrantes

Diego López Garrido, secretario general de Nueva Izquierda, anunció ayer que el Grupo Parlamentario Socialista, al que pertenece, presentará una enmienda a la totalidad al texto preparado por el Gobierno. Y adelantó que pedirán a éste que se reconozca el derecho de voto de los inmigrantes en España; inicialmente, en las elecciones municipales, como ya sucede con los ciudadanos de países de la Unión Europea.

Para López Garrido, el nuevo borrador de la ley es "inconstitucional" y el Gobierno quiere volver a la norma de 1985 -la que regía antes de que se aprobara la de 1999 y que ahora va a modificar sin ni siquiera haberse aprobado su reglamento- de manera "ciega y reaccionaria". El efecto será, en su opinión, el aumento de la actividad de las mafias de introducción de personas.

"El efecto llamada" que el Ejecutivo atribuye a las concesiones de la nueva ley, dijo Garrido, "lo produce la economía sumergida y no controlada". "El Gobierno quiere ilegalidad", concluyó; "carne de cañón de explotación laboral".