Los trabajadores de Unión Naval se impacientan en el caso 'Proof Spirit'

El 3 de julio de 1997 el buque Proof Spirit, en construcción en los astilleros de Unión Naval de Valencia en el Puerto de Valencia, se convirtió en una inmensa bola de fuego que consumió las vidas de 18 trabajadores. Tres años después, los miembros del comité de empresa de UNV han decidido azuzar al tribunal que intenta esclarecer los hechos y derivar las presuntas responsabilidades, han puesto de manifiesto su "malestar e impaciencia" ante las dilaciones en el proceso.Al margen de la justicia, los trabajadores de UNV también han expresado su "indignación" porque la Administración Central todavía "no ha puesto en marcha los compromisos adquiridos en la mesa nacional de la comisión sobre seguridad y prevención de riesgos laborales", en la que sugirieron toda una serie de medidas preventivas para que el Gobierno "tomara conciencia del alto grado de siniestralidad que está ocurriendo en los Astilleros".

Tres años después, los trabajadores exigen que las empresas del sector "pongan en funcionamiento todas las medidas necesarias para anular los accidentes laborales" y denuncian que, hasta la fecha, "no se ha hecho absolutamente nada".

Obligado cumplimiento

La pretensión de los trabajadores de UNV es elevar sus recomendaciones a normas de obligado cumplimiento en todo lo relativo a la apertura de costados en los buques para una rápida evacuación del personal, una mayor preparación de los trabajadores de las subcontratas y todos los extremos relativos a la carga del combustible. El comité afirma que una mayor preparación de los compañeros subcontratados por empresas externas al Astillero "sería una garantía de rentabilidad productiva y de seguridad en las zonas de trabajo".

El juzgado de instrucción número 9 de Valencia, cuyo titular es Francisco Barber, ha centrado su investigación en las medidas de seguridad que se cumplían en el buque, en el que, en el momento del siniestro, se procedía a la carga de combustible a pesar de que había operarios trabajando en las instalaciones.

El carburante salió por dos fugas que había en unas tuberías cuyas bridas estaban mal cerradas, a pesar de que apenas unas semanas antes el buque había pasado las pruebas de estanqueidad. Por este motivo, se citó a declarar como imputados a los operarios de la contrata Insertank, encargada de colocar las tuberías en el buque y declararon como imputados el jefe de seguridad, el jefe de máquinas y un ingeniero que había trabajado en la empresa, entre otros.

El fiscal encargado del caso, Jaime Cussac, abrió una segunda vía cuando sugirió que una prueba "preparada" mostraba la presencia de 7% de gasolina mezclada con el gasoil que se cargaba en el buque. Según esta tesis, el carácter inflamable de la gasolina podría haber desencadenado el accidente.