El PP se retira del 'caso Zamora' para evitar que declare Aznar

El PP ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zamora en el que anuncia la retirada de la querella por injurias y calumnias que presentó contra el denunciante del caso Zamora, el constructor Eduardo Corrales Cavarrot. Según publicó ayer El Norte de Castilla, el objetivo es evitar que el presidente del Gobierno, José María Aznar, tenga que declarar en La Moncloa ante el juez, en su condición de querellante.

La decisión del PP ha causado cierta sorpresa, al haberla ejercitado a pesar de que el partido no tiene legitimidad para actuar en este caso, según reiteradas resoluciones de la Audiencia Provincial de Zamora, la última de las cuales consideró nulas todas las actuaciones del último año efectuadas en nombre del PP y no del querellante, José María Aznar. Ese mismo tribunal fue el que estableció que el presidente del Gobierno debería prestar declaración en esta querella.Diversas fuentes coinciden en interpretar que la acción penal inicialmente ejercitada por el hoy ministro de Justicia, Ángel Acebes, en nombre del PP, había abocado a Aznar y al partido en un callejón sin salida, teniendo en cuenta que el objetivo era evitar que el asunto salpicara lo más mínimo al presidente del Gobierno. Por tanto, al querellante no le quedaba más alternativa que aceptar que el juez le tomase declaración en su domicilio o su despacho, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o retirar su acción. Legalmente la querella no puede considerarse retirada por la falta de legitimidad del PP, pero fuentes del entorno de los populares coinciden en señalar que éste es un paso previo a la ratificación posterior de Aznar en el mismo sentido.

La noticia publicada ayer apuntaba que cabe la posibilidad de que el juez instructor, Jesús Pérez Serna, remita un exhorto al propio Aznar para que ratifique el escrito de retirada formulado por el PP.

Se enteraron por la prensa

El presidente del PP zamorano, Dionisio García Carnero, uno de los imputados en el caso Zamora, se limitó a señalar que se trata de "una decisión que compete a los servicios jurídicos del partido, ya que nosotros nos ocupamos de la organización política y no podemos distraernos con este tipo de actuaciones". Fuentes jurídicas de los populares afirmaron que se enteraron de la noticia por la prensa.

El querellado, Eduardo Corrales, no ocultó su satisfacción aunque declinó valorar la noticia, que tomó con prudencia, al señalar que la posición del PP podría carecer finalmente de validez jurídica. La querella, presentada primero por el PP y por Aznar después, se fundamenta en la publicación de las declaraciones de Eduardo Corrales a la Fiscalía de Zamora, en marzo del 1997, que dieron lugar al llamado caso Zamora, del que es el principal denunciante junto al ex presidente de la Diputación Provincial, Antolín Martín, entonces del PP.

En aquellas ocasión, el empresario Corrales afirmó que había tenido conocimiento de que Aznar, en su condición de candidato de la entonces Alianza Popular (AP) a la Junta de Castilla y León, entre abril y mayo de 1987, había recibido tres millones de pesetas en varios cheques que aportaron a su campaña tres constructores zamoranos.

Y añadió que el hoy presidente del Gobierno dijo a sus donantes que aquel dinero se multiplicaría por 100 en el futuro. Un testimonio que fue ratificado hace un año ante el Tribunal Supremo, dentro de las diligencias del caso Zamora, por uno de aquellos tres empresarios, Antonio San Gregorio Santos.