El fiscal Mena apoya el reparto de jeringas en la cárcel, pero precisa que la ley no lo ampara
El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, advirtió ayer de que el actual Código Penal y el reglamento penitenciario no permiten la puesta en marcha de los programas de intercambio de jeringas en las prisiones como medida para evitar el contagio del sida entre los reclusos. Por ello, Mena sugirió implícitamente que la Generalitat no ponga en marcha esta iniciativa hasta que no exista otro marco legal, "porque si se hace con el actual, a la brava, se podría estar favoreciendo el tráfico de drogas en las prisiones, lo cual constituye un delito grave", afirmó.
La demora en la puesta en marcha de estos programas motivó anteayer que una decena de entidades y un grupo de abogados interpusieran una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ella se acusa a los actuales consejeros de Justicia y de Sanidad -Núria de Gisper y Eduard Rius-, y a sus inmediatos antecesores, de los supuestos delitos de discriminación y lesiones por imprudencia al no haber evitado la propagación del sida entre los presos con el reparto de jeringas, como se viene haciendo desde hace años en Cataluña con los toxicómanos en libertad.El fiscal José María Mena aseguró ayer que "sería deseable" que esta experiencia se llevase adelante, pero para ello, matizó, deberían cambiar las leyes, "algo que no está en manos de la fiscalía ni de la Generalitat", sino de las Cortes.
Los Departamentos de Justicia y Sanidad aseguraron al conocer la querella que los planes de intercambio de jeringas se pondrían en marcha "en breve" y aseguraban que si no lo habían hecho antes era por la falta de colaboración de jueces, fiscales y funcionarios. En este sentido, Mena reveló ayer que desde hace dos años viene manteniendo diversas reuniones con varios de los responsables políticos de la Generalitat que aparecen en la querella, entre ellos el director del programa de drogodependencias y sida, Joan Colom, y el ex director de Servicios Penitenciarios Ignasi García Clavel.
"Yo doy fe de que ellos están muy interesados en resolver el problema y en repartir jeringas en las cárceles, por lo que difícilmente se les puede acusar de no haber hecho nada para evitar el contagio, como se afirma en la querella", afirmó. Mena explicó igualmente que los consejeros De Gispert y Rius también han hablado con él sobre este tema y que otros fiscales de Tarragona y Girona se han reunido con responsables de la Generalitat para estudiar la puesta en marcha de esta experiencia piloto en las cárceles de estas ciudades.
En esas reuniones, asegura Mena, el único soporte legal que presentaron los responsables de la Generalitat para avalar su deseo de repartir jeringas en las cárceles, fueron dos sentencias de Audiencias provinciales. Por eso, afirmó el fiscal jefe de Cataluña, "sería matar moscas a cañonazos sentar en el banquillo a responsables políticos para darse cuenta luego de que lo que se ha de cambiar es el Código Penal". Y mientras este cambio no se produzca, añadió, "la fiscalía deberá cumplir la legalidad vigente, incluso si los que la pueden incumplir son las autoridades querellantes".
Al ser preguntado sobre si la fiscalía acusaría o no en caso de que la querella se admitiese a trámite, Mena afirmó que no podía opinar porque no había leído el texto y que, en todo caso, pensaba que el caso acabaría en el Tribunal Supremo, porque entre los querellados está el diputado en el Congreso de CiU Xavier Trias.
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