Punta Umbría adjudica un macroproyecto turístico en una zona protegida pese a la oposición de la Junta

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), que gobierna el PSOE con mayoría absoluta, aprobó ayer la adjudicación definitiva de un proyecto urbanístico que contempla la construcción de 13 hoteles, un campo de golf de 18 hoyos y un conjunto residencial en su término municipal. Este plan cuenta, de momento, con la oposición de la Junta, que desautorizó la descatalogación de 168,5 hectáreas de terreno en el denominado Monte Común de Abajo, una zona no urbanizable de especial protección, según establece la Ley Forestal, donde se pretende instalar el complejo turístico.

La Junta General de Accionistas de la Sociedad de Gestión del Suelo, compuesta por el pleno municipal, desoyendo la resolución de la Junta, decidió entregar ayer el proyecto a la única empresa licitadora, Punta Umbría Turística SL, integrada por Grubarges, una sociedad participada por Barceló, BBVA y Fomento de Construcciones y Contratas. Durante la reunión, en las puertas del Ayuntamiento, se concentró un grupo de 25 ecologistas para denunciar con pancartas y gritos lo que, a su juicio, supone "un atentado ecológico, la venta del futuro de Punta Umbría y la privatización de sus playas". Su sorpresa fue que el doble de personas, vecinos de la localidad, les gritaron, también armados de pancartas, argumentos a favor del proyecto y contrarios a sus tesis. La polémica se ha desatado en torno a la legalidad de este plan urbanístico, que supone una inversión de 7.344 millones de pesetas. El equipo de gobierno municipal defiende que esos terrenos, que se extienden desde la entrada a la localidad hasta el denominado Cruce de la Bota, deben descatalogarse mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, "porque no corresponde a suelo de especial protección", aseguró el alcalde, el socialista José Hernández Albarracín.

Además, el 70% del territorio del municipio está protegido, "pero existe un 30% restante donde se va a efectuar el proyecto"; un argumento que cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE onubense y concejal de Turismo, Javier Barrero. Hernández Albarracín anunció ayer mismo que va a buscar canales de diálogo con las distintas consejerías de la Junta para "alcanzar un consenso" sobre el proyecto.

Discrepancias

La Junta de Andalucía, por el contrario, entiende que en esa zona no se puede llevar a cabo ninguna actuación urbanística, "porque tiene la consideración de suelo no urbanizable, dada sus funciones ecológicas, protectoras, productivas, paisajísticas y recreativas". No obstante, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, está dispuesta a estudiar el asunto si el Ayuntamiento de Punta Umbría presenta un expediente para modificar el uso de esos terrenos. El equipo de gobierno tiene previsto presentar un recurso ante la resolución de la Administración.

Al margen de la lucha política, Ecologistas en Acción, que ha impulsado la constitución de una plataforma cívica contra el proyecto, considera que éste "no es más que una maniobra especulativa que masificará el pueblo y que limitará los espacios verdes de la zona", dijo el portavoz en Huelva, Juan Romero. Los conservacionistas han amenazado incluso al alcalde con llevarle ante los tribunales "por un presunto delito de prevaricación, ya que ha adjudicado terrenos que no son suyos".

De otro lado, las opiniones en el pueblo están divididas entre los defensores del plan, que lo estiman necesario para el desarrollo económico, y los detractores, que aseguran que Punta Umbría no soportaría una oferta hotelera de esas características, ya que carece de los servicios necesarios para mantenerla.

"Me parece una barbaridad. Aquí tenemos cuatro hoteles que sólo abren en verano y durante el año cierran", increpó un vecino del pueblo a una mujer, propietaria de un comercio, que dijo: "Ese proyecto es necesario para nuestra economía, porque este es el pueblo del paseo, las patatas y la playa".

Por otra parte, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía aprobó ayer las normas subsidiarias de Vejer de la Frontera (Cádiz), lo que permitirá el desarrollo turístico previsto en la finca Sicalec, contigua a Montenmedio, ambas propiedad del empresario Antonio Blázquez. La operación se proyecta sobre una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados, que se dedicarán en su mayoría a usos terciarios como superficies de ocio y cuadras para caballos. La edificabilidad se reduce a 18.000 metros cuadrados, lo que se limitará a 58 chalés, "una pequeñez", según José de Mier, delegado de Obras Públicas.

El propietario del suelo tendrá que respetar un bosque de acebuches localizado en el interior de la finca y calificado como forestal protegido, para lo que se ha incluido en un catálogo de acebuchales de la zona.

La aprobación de las normas subsidiarias también supone la legalización de una parte de El Palmar, la zona litoral vejeriega, donde existen unas 200 edificaciones ilegales. La legalización, no obstante, excluirá a muchas de estas viviendas.

Y, en todo caso, el crecimiento urbanístico tendrá el techo en 2.000 viviendas, que no podrán construirse hasta que se garanticen los servicios para una posible comunidad de hasta 6.000 personas. El Palmar es uno de los últimos litorales vírgenes que aún quedan en la costa gaditana.