Suecia acusa a las cinco grandes petroleras del país de pactar los precios de las gasolinas

El cerco de vigilancia de los Gobiernos europeos sobre las petroleras sigue estrechándose y las investigaciones comienzan a dar resultados. La autoridad estatal sueca de Supervisión de la Competencia (Konkurrensverket) demandó ayer a cinco compañías petroleras por un monto de 740 millones de coronas (14.711 millones de pesetas), por violar la ley de competencia al pactar el precio de la gasolina. Esas cinco operadoras copan el 90% del mercado sueco. La sanción decidida ayer en Suecia es la más drástica asumida hasta ahora por las autoridades suecas y es el resultado de una investigación iniciada en el otoño de 1999. Según el organismo, los consumidores suecos perdieron unos 500 millones de coronas (9.940 millones de pesetas) durante los últimos cinco años, debido al acuerdo en la fijación de precios de la gasolina ejecutado por el cartel ilegal integrado por Shell, Statoil, Ok-Q8, Preem e Hydro.

La directora general de Supervisión de la Competencia, Ann-Christin Nykvist, declaró al presentar la demanda al Tribunal de Estocolmo que se trata "de una violación muy grave a la ley de competencia (...) Nuestra investigación demuestra que las compañías se han reunido en secreto para alcanzar un acuerdo en las distintas ofertas de rebajas del precio de la gasolina, y que alcanzaron una especie de tregua en la competencia entre ellas", dijo. Nykvist subrayó que, en esas reuniones, participaron personas con capacidad para decidir los precios, y que "se trata de medidas tan importantes que excluimos la posibilidad de que las direcciones de las compañías no tuvieran conocimiento de ello", puntualizó.

Según el organismo sueco de supervisión, las petroleras "fijaron un plan por el que dejaron fuera de juego a la competencia, y lo grave es que estas compañías en conjunto dominan un 90% del mercado". Las compañías petroleras aumentaron sus márgenes de utilidad en septiembre y octubre de 1999, al no rebajar los precios de la gasolina cuando cayeron los precios en el mercado internacional de petróleo.

Mientras los responsables de Ok-Q8 y Shell reconocieron la existencia de las reuniones, el director general de Preem negó rotundamente que se pusieran de acuerdo. El presidente Ok-Q8, Goeran Lindblaa, reconoció que "por desgracia hemos participado en una cooperación con otras compañías, algo de por sí lamentable". Olav Ljoesne, el director de información de Shell, tras admitir su participación en las reuniones, aseguró que la empresa "no utilizó jamás esa información en sus actividades".

Antecedentes

Lo que ayer decidieron las autoridades encargadas de velar por la competencia en Suecia es la última, de momento, de las actuaciones que un Gobierno europeo ha realizado para asegurarse de que las compañias petroleras no realizan prácticas en contra de la libre competencia.

Hace casi un mes las autoridades italianas impusieron una multa de 56.000 millones de pesetas a nueve petroleras por pactar precios. Las autoridades no lograron probar la concertación de precios pero basadas en fuertes indicios de que ésta había acaecido, decidieron multar a las compañías con la mitad de lo que lo hubiesen hecho de haber logrado probar el pacto de precios.

En España, la Fiscalía Anticorrupción decidió abrir diligencias para averiguar si las tres grandes petroleras del mercado (Repsol, Cepsa y BP) incurren en prácticas contra la competencia. La actuación de la Fiscalía fue el último episodio de un proceso que se viene desde que, hace casi un año, el Tribunal de Defensa de la Competencia anunciara que había abierto 11 expendientes para investigar posibles prácticas anticompetitivas de las petroleras españolas. Ninguno de estos expedientes, surgidos de denuncias de asociaciones de consumidores, de transportistas y de propietarios de gasolineras, se ha resuelto aún.

En Francia y Alemania las autoridades han abierto investigaciones para detectar si se producen pactos de precios e incluso si las grandes petroleras abusan de su posición dominante. En estos países las autoridades enviaron inspectores a las oficinas de las compañías para verificar el método con el que fijan los precios.