La consejería no ha denunciado una sola agresión al medio ambiente en tres años

Las críticas de la Fiscalía de Medio Ambiente a la Generalitat no son nuevas. Ahora bien, en su última memoria, Beltrán esboza la posibilidad de que la administración incumpla su mandato legal al no comunicar al ministerio público las infracciones que detectan sus trabajadores. "La administración está obligada legalmente a poner en conocimiento de la Fiscalía o del juzgado tales conductas. Pues bien, nunca lo ha hecho".En consecuencia, las 110 investigaciones penales iniciadas por el ministerio público tuvieron diversos orígenes, pero en ningún caso fueron provocadas por el celo de las instituciones valencianas. La mayoría fueron precedidas de la denuncia de los miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, iniciadas de oficio por la Fiscalía o a instancias de la denuncia de un particular. La mayor parte de los casos se han abierto por supuestas violaciones de la ordenación del territorio.

Las contundentes críticas de Beltrán no han sido contradecidas, documentalmente, por la consejería. Ahora bien, el titular de esta cartera, Fernando Modrego, anunció ayer la próxima presentación de un balance que, en su opinión, "desmiente de manera categórica" la "apreciación" de la Fiscalía, informa Efe. "Todo el mundo es libre de criticar, pero mi papel es trabajar y estoy muy satisfecho de las actuaciones del departamento", añadió, rotundo y satisfecho, el miembro del Consell.

En cualquier caso, el actual consejero tampoco empeora la gestión de su antecesor. La memoria fiscal de 1999 era igualmente dura con Medio Ambiente. De hecho, contrastaba "la abnegación y disposición" de varios implicados en la preservación del ambiente con la del Consell. "Desdichadamente, en el extremo opuesto se encuentra la Consejería de Medio Ambiente".

Hace un año, el fiscal que coordina la seccion especializada de la Fiscalía, Carlos Almela, criticaba otros aspectos de la gestión de Castellá. "No se comprende que los responsables de aplicar el derecho administrativo sancionador" actúen "de un modo tan desalentador y desacertado". En ese sentido, los fiscales destacaban la falta de "lógica" o "explicación" a la inexistente comunicación entre un poder público -el ejecutivo- y otro -el judicial- encargados de velar por el mismo objetivo: velar por la protección del ecosistema.

La Fiscalía de Medio Ambiente investigó, en 1999, hasta 13 vertidos de aguas, la utilización supuestamente ilegal de tres vertederos, tres casos de contaminación acústica, uno de contaminación atmosférica o cuatro por agresiones contra la flora y la fauna.

Carretera de Cabanes

En este campo, y cómo ejemplo de la importancia de la labor del ministerio público, Modrego confirmó ayer la paralización de las obras de la carretera entre Oropesa y Cabanes después de que la Fiscalía de Castellón, en respuesta a una denuncia de EU, haya remitido al juzgado el proyecto de Obras Públicas al entender que podría ser ilegal.