El secretario municipal pone reparos a la anulación del derribo de El Morlaco

Un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de Málaga ha planteado algunas dudas técnicas sobre el acuerdo que hoy adoptará el pleno con los votos del PP para anular una decisión anterior de la Corporación que ordenaba el derribo de una planta en el edificio Mirador de El Cerrado, en el paraje de El Morlaco, que había sido construida de más. En el dictamen, que no tiene carácter vinculante, el secretario recomienda a la corporación que pida dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía.

El pleno del Ayuntamiento de Málaga tiene previsto aprobar hoy la revocación de un acuerdo adoptado por la Corporación en enero de 1999 en el que se ordenaba el derribo de una planta del polémico edificio, construido con exceso de altura y volumen sobre lo permitido en la licencia de obras. Esta medida fue aprobada con los votos de la oposición, PSOE, IU y Nueva Izquierda, que entonces sumaban mayoría absoluta en la corporación. El PP propuso una sanción de 31 millones de pesetas y el derribo sólo de los casetones de los ascensores, propuesta que pretende sacar ahora adelante una vez que se revoque el acuerdo. El PSOE ha tachado la revocación de "inmoralidad administrativa".Para dar amparo jurídico a esta decisión, el equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre (PP) ha utilizado un informe encargado al catedrático de Derecho Administrativo Parejo Alfonso. Uno de los principales argumentos usados en este dictamen es la desproporcionalidad de la medida.

La oposición ha cuestionado que el equipo de gobierno haya recurrido a encargar un informe externo "a medida de sus intereses", según la consideración del portavoz del PSOE, Francisco Oliva, para dar cobertura a su propuesta de revocación. Las dos formaciones de la oposición pidieron el pasado lunes durante el debate en el consejo de Urbanismo un informe del secretario municipal. Éste deja claro en su dictamen que no es preceptivo y, por consiguiente, tampoco vinculante.

El secretario municipal no cuestiona el dictamen del catedrático Parejo Alfonso ni contempla consideraciones taxativas, pero sí plantea algunas dudas sobre el uso que se puede dar en este caso a algunos de los criterios que la ley establece para la revocación de acuerdos.

Sí admite el secretario que la revocación cuenta con suficientes elementos jurídicos sobre cl componente técnico y de valoración de oportunidad. Sin embargo, aconseja que se adopten mayores cautelas respecto al alcance que el acto tendrá para las partes afectadas y la consideración del interés para el bien público. En este sentido, el secretario propone que ante "la dificultad que aporta, respecto a las vertientes favorecedoras del acto, la existencia de posibles intereses antagónicos", la Corporación pida antes de tomar una decisión el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía.

Según el secretario, este dictamen daría mayor seguridad al Ayuntamiento ante los posibles recursos de las partes implicadas porque daría a la decisión de la Corporación una trascendencia incluso ante los tribunales de justicia "difícilmente alcanzable por argumentaciones jurídicas de parte, cualquiera que fuere la perspectiva de la que procediere y la solvencia de quien la aportare".

El portavoz del PSOE, Francisco Oliva, aseguró ayer que es "tremendo" que para tomar una decisión de este tipo se encargue un informe externo "que no sólo ha sido usado como asesoramiento, sino que se toman fragmentos literales para la resolución".

Oliva se quejó de que no se conozca cuánto ha costado el informe e incluso se preguntó si su pago "tendrá algo que ver con la multa de 31 millones de pesetas" que el equipo de Gobierno va a imponer a la constructora. También ha lamentado el PSOE que el Consistorio no haya hecho el derribo subsidiariamente como se acordó por unanimidad en mayo de 1999.