Carme Laura Gil recurre al sector privado para crear plazas de guardería

VIENE DE LA PÁGINA 1 Tras no haber hecho mención de ello en su discurso del primer día de este pleno sobre educación infantil, la consejera Carme Laura Gil admitió ayer ante la Cámara el compromiso del Gobierno de cumplir la promesa que hizo su predecesor Xavier Hernández de crear 30.000 plazas de guardería. "El compromiso del Gobierno es promover la creación de estas plazas", dijo la consejera, "cumpliremos lo prometido, tenemos cinco años para hacerlo".

Gil, a la que no acompañaba ni un solo miembro del Gabinete, tuvo que escuchar entonces el primer abucheo de la jornada, que le recordaba que ya han pasado casi dos años desde que Hernández hiciera su promesa. Sin embargo, entre las resoluciones aprobadas ayer por CiU y el PP, figura la que emplaza al Ejecutivo catalán a "hacer efectivo el compromiso de promover la creación de 30.000 plazas en las guarderías en el período de cinco años".

"Hemos dado el primer paso con la convocatoria para subvencionar y ayudar a construir o crear nuevos lugares de atención infantil destinando alrededor de 1.300 millones de pesetas", dijo la consejera refiriéndose a la oferta para que los municipios que dispongan de aulas que el descenso demográfico ha dejado vacías las reconviertan en guarderías. "Ya se han apuntado más de 100", aseguró. La oferta se limita a financiar el 50% de la reconversión, pero no prevé el mantenimiento.

Titularidad municipal

Entre las resoluciones aprobadas figura la que insta a la Generalitat a "financiar hasta el 50% del coste de creación de nuevas plazas de guarderías de titularidad municipal" y también a aportar "un tercio del coste del mantenimiento" de estas plazas. Se pide también que el Ejecutivo establezca los mecanismos "adecuados para hacer posible que los ayuntamientos tengan la titularidad de las guarderías de primer ciclo de la educación infantil".

La Cámara, con los votos de CiU y el PP, aprobó también una resolución en la que se emplaza al Gobierno de la Generalitat "a ampliar progresivamente el segundo ciclo de Educación Infantil [de 3 a 6 años] en centros privados concertados hasta conseguir la plena gratuidad de esta etapa", que ahora sólo se garantiza en los colegios públicos.

La oposición pretendía que en el plazo de tres meses Enseñanza elaborara un mapa de nueva creación de plazas públicas, por lo que criticó duramente la indefinición de las resoluciones. Las críticas más duras, sin embargo, se reservaron para la propuesta que ofrece una financiación privilegiada al sector privado para que cree plazas de guardería, por más que se especifique que no debe haber ánimo de lucro. "Nos sentimos decepcionados porque se quiere que el sector público sea subsidiario del privado", dijo la diputada Assumpta Baig (PSC-CpC). A juicio de Joan Boada (IC-V), esta iniciativa "es el colmo y una regresión total", mientras que Josep Bargalló (ERC) lamentaba que ésta fuera "la única concreción del debate".