El PSOE intensifica los contactos con PA e IU para lograr una solución al conflicto de las cajas

El plazo para que las cajas de ahorro de la comunidad adapten sus estatutos a la ley autónómica que las regula termina esta medianoche sin que al día de ayer el Gobierno andaluz tuviera claro qué decisión va a tomar para poner freno a la rebelión de las cuatro asambleas de las entidades. Pese a la insistencia de algunos dirigentes socialistas andaluces y de algunas cajas para ampliar el plazo, fuentes de Economía insistieron ayer en que esta solución no es legalmente posible y dejaron en manos de los grupos parlamentarios la decisión de una modificación de la ley de cajas que entró en vigor el 29 de diciembre.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, insistió ayer en que se estudiaban diversas medidas para intentar poner coto a la insumisión de las cajas a adaptar sus normas a los que dicta la ley autonómica. La titular de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, deberá responder hoy en la sesión de control del Parlamento a una pregunta del PP sobre esta situación, aunque el Ejecutivo autonómico no desveló ayer qué camino iba a tomar. Algunos dirigentes socialistas insistían en su tesis inicial de ampliar el plazo, aunque tanto fuentes de Economía como jurídicas afirmaron que cualquier ampliación mediante una norma de rango inferior a la ley no es posible y podría ser recurrida ante los tribunales contencioso-administrativos. Fuentes del PP no se pronunciaron taxativamente al respecto y afirmaron que, en caso de darse ese supuesto, estudiarían la situación.

Desde Economía se remitía la modificación legal a los grupos parlamentarios, los únicos junto con el Gobierno que podrían presentar ante la Cámara una modificación de la ley. El PSOE intensificó en las últimas 24 horas los contactos con otras fuerzas políticas, principalmente con su socio andalucista y con IU para recuperar el diálogo suspendido y aislar al PP en su labor de zapa en contra de la aplicación de la ley.

Fuentes socialistas ponían el acento en el pulso que han mantenido sobre todo las dos cajas sevillanas, presididas por militantes del PSOE, con la fusión de ambas entidades de telón de fondo.

De no enmendarse, la decisión de las asambleas de las cajas insumisas de rechazar la adaptación de sus estatutos retrasará la renovación de los cargos de los órganos de gobierno de las entidades. La ley prevé un mes para que la consejería se pronuncie sobre el cambio estatuario (que sólo ha aprobado Unicaja) y otro plazo de seis meses para que las cajas acometan la renovación de cargos. Sin nuevos estatutos, este proceso no se pone en marcha y no podrá incorporarse el 21% de representantes que le corresponde a la Junta en la nueva ley, lo que modificaría sustancialmente las mayorías en las asambleas. Un tiempo que puede ser aprovechado por los presidentes de Caja San Fernando (Juan Manuel López Benjumea) y El Monte (Isidoro Beneroso) para consumar su proyecto de fusión. La oposición de las asambleas de las cajas con sede social en Sevilla puede traducirse en la mayoría de dos tercios necesarios para aprobar la unión -que no cuenta con el visto bueno de la Junta-. En este caso, además, las abstenciones que propugnó el PA ante el cambio estatutario se convertirían en respaldos a una fusión que cuenta desde el principio con el beneplácito de Pedro Pacheco, vicepresidente andalucista.

Otra de las vías estudiadas por el Gobierno andaluz para poner fin a la situación de rebeldía consistía en mantener los estatutos de las cajas insumisas vigentes, excepto aquellos preceptos que choquen con la ley. Este camino, no obstante, supone de hecho la intervención del Gobierno autonómico en las entidades.

Mientras tanto, el Ejecutivo culpó de la insubordinación de las entidades de ahorro al PP. Gaspar Zarrías calificó de "golpismo" y "batasunerismo" la actitud contraria del PP en las asambleas y aseguró que su presidenta, Teófila Martínez, no "es digna" de ocupar un escaño en el Parlamento cuando "intenta subvertir la ley".

Martínez remarcó hasta la saciedad la tesis de que los estatutos no se pueden adaptar hasta que no se haya aprobado el reglamento de la ley y aseguró que esa vía es la "única solución" para la normalización. A su juicio, en ese reglamento se podría regular el proceso de fusiones, por lo que el retraso a la redacción del mismo hasta otoño respondería a que "hay miembros del Gobierno que quieren nombrar presidentes antes de las fusiones no deseadas".