Capitalismo de amigos

El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, se enfrenta hoy al consejo de administración más difícil desde su nombramiento, en 1996, cuando el Estado contaba con algo más del 21% del capital y el jefe del Gobierno podía poner y quitar a los presidentes de todas las empresas públicas. Figuren o no en el orden del día, sobre la mesa del consejo flotarán las imputaciones de manejar información privilegiada que el diario El Mundo viene haciéndole desde el pasado 16 de junio, el anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de reabrir una investigación ya cerrada dos años antes, dos declaraciones públicas del presidente del Gobierno y la consiguiente caída en el valor bursátil de más del 6% en las últimas dos semanas.Los cuatro años de Villalonga al frente de la primera empresa española han sido ricos en controversias. Sus regates a menudo erráticos en la política de alianzas internacionales, la rápida combustión de equipos directivos, los servicios políticos prestados al Gobierno mediante una estrategia de compra de medios de comunicación adaptada a las necesidades del PP y, finalmente, su política de retribución a los altos cargos de sus empresas le han situado con frecuencia en el ojo del huracán. Como contrapartida, ha multiplicado el valor de la compañía por cuatro, sin contar las empresas segregadas, como TPI y Terra, y la ha convertido en la bandera más destacada de la presencia española en la nueva economía global.

El tema más polémico de su gestión, las opciones sobre acciones para los directivos, era conocido desde un principio por los socios del núcleo duro y por el Gobierno, y sólo llegó a convertirse en un problema cuando fue difundido por Cinco Días cuatro meses antes de las recientes elecciones generales. El Gobierno le defendió primero por boca de Rato y Piqué, cambió luego la ley por el daño electoral que podían hacerle las stock options y rompió amarras cuando Villalonga se negó a renunciar a ellas. Un viaje que tiene poco que ver con las apelaciones que se hacen a la ética o a la legalidad, y en el que el Gobierno estuvo acompañado y espoleado por El Mundo.

Los hechos que han movilizado ahora al Gobierno y a la CNMV, de nuevo a instancias de ese diario, se produjeron en enero de 1998, cuando Villalonga adquirió 262.244 opciones sobre acciones de la compañía que preside y, a indicaciones del presidente de la CNMV sobre la conveniencia (que no imperativo legal) de hacer pública esa adquisición, optó por venderlas, con una plusvalía de 21 millones. Dos años después, y sobre la base de la denuncia periodística, el presidente del Gobierno invita a la CNMV desde Portugal a investigar el caso, petición que Fernández-Armesto atiende de forma inmediata, reabriendo un expediente informativo ya cerrado en 1998 por falta de pruebas, incluso de indicios. Y en el colmo del esperpento, el vicepresidente de ese organismo, Luis Ramallo, acusa públicamente a su superior de no haber actuado con diligencia y se pone la medalla de haber sido más activo que nadie en el cumplimiento de los deseos de Aznar. Mientras tanto, la cotización sufre severas pérdidas y el presidente del Gobierno vuelve a terciar en el asunto, esta vez desde China, con una escolástica distinción entre "las empresas y quienes están al frente de ellas", que, lejos de "tranquilizar a los mercados", contribuye a que Telefónica caiga de nuevo más de un 2%.

Cualquier observador de las vicisitudes por las que han atravesado las relaciones del presidente de Telefónica con quienes le auparon y jalearon hasta el bochorno no acabaría de creer que ese cuadro esté únicamente sustentado en la adquisición de derechos sobre la compra de acciones de la compañía que dirige; operación mucho menos anómala que el controvertido plan de opciones diseñado al filo mismo de la privatización del antiguo monopolio de teléfonos. Sólo desde los desencuentros con los antiguos amigos se explica que un caso investigado por la CNMV salga a la luz dos años después convertido en una operación de caza.

Pero lo más incalificable es la intromisión del Gobierno en una institución como la CNMV, que sólo se justifica desde su propia independencia, y en torno a la compañía española más emblemática, objeto de cotización en los principales mercados del mundo. La impresión de que la caza de Villalonga se está llevando por delante la credibilidad de las instituciones y la seguridad de las inversiones empieza a generalizarse dentro y fuera de España, homologando nuestro sistema económico con el más rancio intervencionismo, propio de algunos países en los que rige ese "capitalismo de amiguetes" tan denostado por los inversores internacionales.