La Fiscalía de Madrid registra unas 20 denuncias diarias de mujeres maltratadas

La Sección de Violencia Familiar de la Fiscalía de Madrid registró en torno a 20 denuncias diarias por maltrato físico o psíquico durante 1999, según su memoria de actividades. Esta sección se dedica en exclusiva a registrar y controlar los casos de violencia familiar para evitar que éstos se reiteren impunemente. Entre enero y diciembre de 1999, la fiscal Ana Isabel Vargas tiene abiertos 2.600 expedientes de sospechosos de agresiones. En caso de que el agresor sea reincidente, todas las denuncias contra él quedan registradas en un mismo expediente.

En la memoria se califica de "positivo" el hecho de que en torno "al 40% de las denuncias" que se registran a diario son nuevas; es decir, "constituyen la primera denuncia". La mujer es, por otro lado, el miembro familiar "más frecuentemente maltratado". Sólo en un 4% de los casos son hombres los que denuncian a sus esposas o compañeras, y normalmente lo hacen "por maltrato psíquico". Esta sección se encarga de la violencia en el seno familiar, por lo que también registra las agresiones entre padres e hijos, pero excluye las existentes entre hermanos porque existe al respecto un vacío legal. En un 3% de los casos, las denuncias versan sobre agresiones de hijos a padres, y viceversa. El agresor habitual suele ser una persona alcohólica, y muchas víctimas, pese a sufrir vejaciones y agresiones reiteradas, siguen conviviendo con quien les inflinge daño bien porque existe una "dependencia económica" o bien por existir hijos comunes. Curiosamente, es en este perfil de parejas donde se produce "una mayor retiración de denuncias", afirma la fiscalía. Es decir, se inicia el proceso y la víctima, horas después de ser agredida y de haber denunciado el hecho, se presenta de nuevo en la comisaría, o en el juzgado, y la retira "en la temeridad", destaca la memoria, "de creer que el agresor cambiará de actitud y en un infundado sentimiento de culpabilidad que concluye en un radical cambio de declaración en el juicio que aboca a los jueces a dictar sentencias absolutorias".

El objetivo de la sección que dirige la fiscal Ana Isabel Vargas es coordinar a las distintas instituciones, despertar "la sensibilidad de todos los operadores" con los problemas de las víctimas de la violencia familiar y buscar más eficacia y contundencia en la persecución de estos hechos. Se trata de no escatimar ningún medio judicial para evitar que una mujer sea continuamente golpeada por su marido o compañero sentimental y llegue un día en que incluso sea asesinada.

Más sensibilidad

Los jueces de instrucción, según la memoria, también son más sensibles hacia este problema. Agresiones que antes se tramitaban como simples faltas, ahora se elevan a delito si hay habitualidad. De ahí la importancia del registro de agresores montado en la fiscalía madrileña. El nombre del agresor se introduce en el fichero e inmediatamente se ve si pesan más denuncias sobre él y se actúa en consecuencia. No osbtante, la falta de medios ha podido provocar un problema en el registro de agresores: "Entre marzo y diciembre de 1999", se explica en la memoria, "la sección de violencia familiar ha estado atendida por siete auxiliares judiciales distintos, en un esfuerzo titánico por parte de la jefatura y secretaría técnica de la fiscalía de mantener cubierto el servicio, en la interminable espera de que el Ministerio de Justicia nombrase un auxiliar adscrito a la sección". La interinidad de esas personas, "que en tiempo récord habían de aprender el sistema informático" antes de ser sustituidos, ha podido provocar un serio problema de fiabilidad en el registro de atestados por maltrato familiar: "No tenemos constancia de que la incorporación de datos haya sido la correcta", se indica en la memoria.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, denuncia la insuficiente ayuda material y humana que prestó el Ministerio de Justicia nada más ponerse en marcha la sección. Ésta se creó en enero de 1999, si bien la fiscal Vargas no ha recibido un ordenador y una impresora personal para hacer su trabajo hasta enero del presente año. Pero aún no ha podido utilizarlo "al no disponer, a fecha de hoy", destaca la memoria, "de un despacho donde poder instalarlos". Cuenta con un habitáculo de trabajo desde octubre pasado, pero se halla en obras desde enero de este año. Y, además, hasta marzo tampoco ha existido en la fiscalía un lugar adecuado para recibir a las "entre 15 y 20 mujeres" que acuden allí cada semana para exponer sus casos. "Al no disponer de dependencias donde recibir a letrados o víctimas que acudían a la sección a exponer un problema, nos vimos en la necesidad de recibir [a las víctimas] en los pasillos de la fiscalía, donde hay unos sillones, o en un despacho de la fiscalía de guardia, si es que estaba libre", señala la memoria.

La mayoría pretende que las distintas denuncias que han interpuesto contra sus agresores se acumulen en un único procedimiento y se adopten medidas cautelares. Tras la visita, la fiscal encargada se pone en contacto con el fiscal del juzgado que lleve el asunto. Muchos maridos, incluso desde la cárcel, amenazan a sus esposas con matarlas en cuanto quedasen libres. En este caso, la fiscalía también actúa: facilita al fiscal de Vigilancia Penitenciaria el nombre del agresor para que se tengan en cuenta tales amenazas, en caso de que éste pida permisos de salida. Y si sale de la cárcel, se traslada el asunto a la policía para que esté alerta.