Las tres Juntas Generales no han registrado ni una sola iniciativa popular en 15 años

La ciudadanía no utiliza todas sus opciones para hacerse oír ante las Juntas Generales de las tres provincias vascas. Más bien, ninguna. Vizcaya, desde 1985, y Guipúzcoa y Álava desde un año después, dan la posibilidad, dentro de sus reglamentos, de que se promulguen nuevas normas forales a iniciativa popular. Sin embargo, esta fórmula no se ha empleado en la última década y media. Los presidentes de las tres cámaras territoriales lo atribuyen al "desconocimiento" de los colectivos ciudadanos y a las restricciones impuestas por el propio reglamento.

Los parlamentos de diferentes ámbitos territoriales dan la posibilidad de que la iniciativa ciudadana permita dictar nuevas leyes. No se trata de un paso que se dé frecuentemente. Se requiere de un amplio respaldo popular. Sin embargo, existen casos recientes. En el Congreso de los Diputados se aprobó el año pasado la Ley de Propiedad Horizontal (que rige las relaciones en las comunidades de vecinos). En el Parlamento vasco se está tramitando la Carta Social, una futura ley avalada por 80.000 firmas (con sólo 30.000 ya hubiera sido suficiente su presentación) y que supone la primera iniciativa de estas características que llega a la Cámara de Vitoria.Las Juntas Generales de los tres territorios históricos también conceden esta posibilidad desde hace 15 años, aunque se trata de una faceta casi desconocida. Cada provincia tiene sus propias reglas (cada una con sus especificidades, pero en general bastante similares) que regulan la llamada iniciativa normativa popular. Sin embargo, nadie ha hecho uso de ella aún. Los expertos coinciden en las razones. La principal, el desconocimiento de los colectivos ciudadanos de que cuentan con esta opción. Además, se añaden las restricciones de las propias normas, que imponen unos requisitos demasiado estrictos.

Número de firmas

"El desconocimiento es el principal factor. Después está la imposibilidad de reunir tantas firmas", admite Iñaki Alkiza, presidente de las Juntas de Guipúzcoa, donde el mínimo de adhesiones acreditadas es de 10.000. "Es casi imposible reunir a tantas personas por una misma causa. Quienes quieran hacerlo lo tienen muy difícil. Hay otro cauce más sencillo, a través de los partidos políticos. Éste sí se utiliza con frecuencia".

La presidenta de la Cámara alavesa, Xesqui Castañer, está de acuerdo, sobre todo en la falta de información de la población: "Hay un desconocimiento de lo que aquí hacemos. Las Juntas Generales nunca se han propuesto ser conocidas. El punto de referencia para la ciudadanía es siempre la Diputación. Pero no es lo mismo que las Juntas". En Álava se requiere un número de firmas equivalente al 2% del censo electoral, es decir, unas 4.800 personas. Tanto en Álava como en Guipúzcoa, esta norma se aprobó en 1986. Al menos, una compensación que sí establece la ley a los impulsores de iniciativas ciudadanas es una contrapartida económica, que puede llegar incluso al millón de pesetas como pago a los esfuerzos y el dinero necesarios para llevar adelante un proyecto de esas características.

Vizcaya aprobó su norma un año antes que las otras provincias vascas, pero en estos 15 años de vigencia ninguna iniciativa ha fructificado. El letrado mayor de las Juntas, José Luis Aurtenetxe, recuerda vagamente un intento poco después de promulgarse la norma. "No tuvo éxito porque incidía sobre una materia que no era de competencia foral, sino municipal", asegura. En esta provincia, donde el mínimo de firmas está establecido en 20.000, también existe el derecho por parte de la ciudadanía de presentar peticiones a las Juntas, una fórmula que tampoco se ha empleado nunca.

Las restricciones a la capacidad popular en la elaboración de las normas forales también afectan a las materias que pueden tocar. Queda excluida cualquier cuestión de carácter tributario o relativa a los presupuestos o a los planes de obras, así como otros más genéricos (régimen electoral y el jurídico de la Cámara) y en los asuntos donde las Juntas carezcan de competencias.