El PP afirma que cuenta con el apoyo de CiU y CC para aprobar el plan liberalizador

Los portavoces del área económica del PP en el Congreso, Vicente Martínez- Pujalte y Elena Pisonero, anunciaron ayer que el Gobierno convalidará en el Congreso el próximo jueves los cinco decretos-ley sobre medidas económicas y avanzaron que tendrán el apoyo de CiU y de Coalición Canaria (CC). Las medidas fiscales irán como proyecto de ley para que se puedan introducir enmiendas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que la economía tuvo un ligero superávit hasta mayo frente a un déficit de 876.400 millones del mismo periodo de 1999.

Los diferentes grupos políticos ahondaron ayer en su valoración sobre el amplio paquete liberalizador aprobado por el Gobierno el pasado viernes. El presidente del Gobierno, José María Aznar, desde Pekín, calificó el paquete liberalizador como el "más importante desde el Plan de Estabilización [de 1959]". Durante su comparecencia en el Senado, el ministro Montoro anunció que el Gobierno estudia ampliar a micro empresas y empresarios autónomos la deducción del 10% en la cuota impositiva por inversión en tecnologías de la información y de la comunicación.Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, dijo durante una visita a la fábrica de Nissan en Barcelona que antes de final de año se introducirán medidas para facilitar el cambio de los vehículos de gasolina con plomo a sin plomo, que debe estar concluido en enero de 2001. Estas medidas se incluirán en el actual plan Prever, que establece ayudas para la renovación del parque automovilístico.

Martínez-Pujalte, precisó ayer que el PP quiere que se tramite como proyecto de ley el decreto correspondiente al Ministerio de Hacienda que recoge una serie de incentivos fiscales al ahorro, a la actividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la internacionalización de las empresas españolas.

Justamente, estas medidas fiscales son las que han recibido mayores críticas por parte del primer partido de la oposición. La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, María Teresa Fernández de la Vega, cuestionó abiertamente la constitucionalidad de algunas medidas del paquete liberalizador. La diputada socialista recordó que su partido ya recurrió al Tribunal Constitucional la rebaja fiscal de las plusvalías aprobada por el Gobierno del PP y subrayó que en esta ocasión ha aprobado "una medida similar" pero a través de un decreto ley. Por su parte, Convergència i Unió (CiU) ha pasado de su oposición total al decreto ley de ampliación de los horarios comerciales a mantener una actitud menos beligerante.

Ayer, fuentes de CiU, aunque no quisieron adelantar el sentido de su voto, señalaron que las discrepancias se limitan tan sólo a la apertura de los grandes centros comerciales en días festivos. Asimismo, informaron de que mantienen conversaciones con las asociaciones de pequeños comerciantes para convencerles de que estas medidas no les perjudiciarán. CiU presume ante este sector de haber moderado los ímpetus liberalizadores del Gobierno conservador.

El secretario federal de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, declaró que hay motivos, tanto de forma como de fondo, para recurrir al Tribunal Constitucional las medidas liberalizadoras. Según explicó, las medidas se han adoptado con rango de ley (decreto ley) cuando la Constitución dice que esa opción sólo se puede utilizar en caso de extraordinaria o urgente necesidad.

Para la patronal CEOE, el paquete liberalizador es "muy positivo", aunque añadió que para muchas empresas supondrá "importantes sacrificios". El sindicato UGT dijo que la liberalización de los horarios comerciales "empeorará las condiciones de vida y trabajo de 2,5 millones trabajadores del comercio".

La Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEES) calificó de "desleal" la medida de que los hipermercados puedan abrir gasolineras en sus centros y temen que este hecho suponga "la ruina para el sector", mientras que Carrefour pronosticó una rebaja de los precios de las gasolinas por esta decisión. El sector eléctrico verá reducidos sus beneficios un 8,5% en el año 2001 como consecuencia de las medidas liberalizadoras, según dijeron fuentes del sector.