Chaves dice que la intervención de las cajas 'rebeldes' se verá con tranquilidad
El presidente andaluz, Manuel Chaves, pasó ayer en Cádiz de puntillas sobre la posibilidad de intervenir en las cajas de ahorros que han decidido no adaptar sus estatutos a la nueva ley autonómica, aunque dejó abierta tal posibilidad al afirmar: "Todavía no hay una decisión adoptada al respecto. Es una decisión que veremos con tranquilidad".Ante la compleja situación creada por la oposición de algunas de las entidades de ahorro andaluzas a cumplir la nueva ley de Cajas, el Gobierno andaluz ha decidido encargar varios informes jurídicos para analizar sus posibilidades de actuación. Y el primero de ellos, emitido por un gabinete jurídico externo a la Administración andaluza -los servicios jurídicos de la Consejería de Economía aún no han emitido el suyo y es posible que se encargue un segundo dictamen a asesores externos- es tajante en cuanto a las posibilidades ejecutivas que la ley confiere al Gobierno andaluz para intervenir en las cajas de ahorro.
Según las conclusiones de dicho informe, la caja de ahorros que no adapte sus estatutos a la nueva ley "está en una situación de grave irregularidad administrativa lo que puede justificar la adopción de medidas de intervención y de sustitución de los órganos de gobierno y dirección, con arreglo a las condiciones de previstas en el artículo 41" de la ley de Cajas andaluza.
Tras señalar que la adaptación de los estatutos de las cajas andaluzas antes del 29 de junio de 2000 es "obligatoria, legal e imperativa", señala que la falta de adaptación "tiene consecuencias sancionadoras tanto para la entidad como para todos los miembros de sus órganos de gobierno y dirección".
Multas a directivos
El informe elaborado por juristas externos a la Junta indica que la no adpatación de los estatutos constituye "una infracción muy grave" que lleva aparejada una multa de "hasta el 1% de los recursos propios de la caja de ahorro en situación irregular o la revocación de la autorización de la entidad , con exclusión del Registro de Cajas de Ahorro de Andalucía".
Además, "los cargos de administración o dirección en la caja no adaptada podrían ser objeto de sanción pecuniaria (multa no superior a 10 millones) o de suspensión o separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos en la Administración, en la entidad de crédito a la que pertenezcan o en cualquier entodad de crédito, por plazos máximos de hasta diez años".
El informe califica la falta de adaptación de "infracción muy grave al constituir un acto u operación prohibida por normas de ordenación y disciplina con rango de ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en la misma".
Los juristas consultados por la Junta afirman también en sus conclusiones que "la Comisión de Control de las cajas debe proponer la suspensión o eficacia de los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la caja cuando entienda que vulnera las disposiciones vigentes". Además señala que esa propuesta de la Comisión de Control "debe elevarse a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta y al Ministerio de Economía dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los acuerdos".
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