Vascos, gallegos, catalanes...

El pasado día 13, el Congreso votó a Enrique Múgica como Defensor del Pueblo.En la edición del día 14, EL PAÍS ofreció la noticia, en la sección de España, destacando en el titular que la elección se hizo "por amplia mayoría".

El antetítulo aclaraba que "le apoyaron PP, PSOE, CiU y CC, y se opusieron vascos y gallegos".

Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, se ha dirigido al Defensor para mostrar su desasosiego ante lo que interpreta como un uso abusivo de estos términos al equipararlos a nacionalistas vascos, gallegos o, en su caso, catalanes.

Blanco Valdés explica, con indudable ironía, que, en un primer momento y tras leer el antetítulo, se extrañó de que "los diputados gallegos del PSOE y del PP (22 de los 25 que Galicia envía al Congreso) hubieran votado de forma diferente a su partido".

Tras comprobar, en el texto de la noticia, que tanto unos como otros habían apoyado a Múgica, el lector razona que sólo tuvo dos alternativas para interpretar el titular: o el desconocimiento de que "en Galicia el 78% del total de los votantes lo hacen por el PSOE y el PP", o bien que la noticia daba por hecho que "sólo son votantes gallegos, en Galicia, los que lo hacen por el BNG".

Blanco Valdés concluye que "tanto una como otra interpretación resulta profundamente desasosegante para quien, siendo gallego desde hace 42 años, no vota, sin embargo, y al igual que la inmensa mayoría de los electores de Galicia, al BNG".

Hay una primera explicación, profesional, que debe ofrecerse al lector: la tiranía insoslayable del espacio de los titulares. Tal y como está redactado hace imposible incluir la palabra nacionalistas para anteponerla a vascos y gallegos. No hay otro propósito en ese titular que no sea economizar palabras para componer un texto coherente.

Se da por hecho que los lectores sobreentienden el sustantivo nacionalista al escribir el adjetivo de la nacionalidad correspondiente.

Pero la queja del catedrático gallego merece ser atendida, en un momento en que las pretensiones nacionalistas, especialmente algunas, preocupan seriamente a la sociedad y, sin duda, a muchos lectores del periódico.

El lenguaje no es inocente nunca y su utilización, en cualquier periódico de influencia, debe ser rigurosa para evitar, aunque sea involuntariamente, la difusión, más o menos subliminal, de ideas que atentan contra principios básicos constitucionales y, aun antes, de mera convivencia.

La pretensión de cualquier nacionalismo, apenas disimulada, consiste en identificar su planteamiento parcial, con la totalidad de la población del territorio donde se desenvuelve, dando por hecho que lo vasco, lo catalán o lo gallego son entidades simétricas y coincidentes con el nacionalismo que predican y hasta el punto de tachar como antivascos, o anticatalanes, a cualquiera que formule un reproche frontal al nacionalismo correspondiente.

Llevar al subconsciente colectivo la identificación de la parte nacionalista con el todo de la región, o país, o nación, es un ejercicio que debe evitarse, acudiendo, simplemente, al rigor periodístico. El único valor que debe contemplarse en esta columna.

Para abonar la necesidad de ese rigor bastarían los datos electorales, tal y como los maneja el lector en su referencia expresa a Galicia.

Como argumento de autoridad puede tomarse la opinión de un nacionalista vasco democrático, poco dudoso de sus convicciones. Joseba Arregui, en el libro Ser nacionalista, afirma que "plantear el nacionalismo como construcción de algo nuevo no significa abandonar nada de lo que existe, sino incorporar todos los elementos que existen con una única condición: el abandono de la pretensión de representar en exclusiva a toda la sociedad vasca".

Matrimonio y pareja

El mismo problema de utilización subliminal del lenguaje, aunque no sea ése el propósito del periódico, aparece en otro ámbito muy distinto al anterior: las relaciones de pareja, heterosexuales u homosexuales.

La lucha de las parejas de hecho heterosexuales, o de las homosexuales, por conseguir reconocimiento y efectos jurídicos a su situación viene logrando resultados, en el ámbito judicial y legislativo desde hace tiempo.

La equiparación de estas uniones a la del matrimonio, en cuanto ofrecen la imagen externa de convivencia en pareja y de forma estable, es fácil de comprender.

Pero conviene volver al rigor como exigencia periodística insoslayable.

Pabló Ginés, desde Barcelona, se dirigió al Defensor hace varias semanas para protestar por un titular publicado en la sección de Sociedad: "Vermont, primer Estado norteamericano que aprueba el matrimonio entre gay''.

Como en tantas ocasiones, el texto era correcto y se refería exclusivamente a "uniones civiles, semejantes a las bodas". Pero la preponderancia que ostentan los titulares es algo que limita muy seriamente la posterior exactitud y el rigor de cualquier noticia que encabecen.

En este caso, el lector advierte que "legalmente, no podemos llamar matrimonio a cualquier cosa. Todavía no".

Tiene razón y el hecho de que la difusión de este tipo de noticias apoye, sin duda, la pretensión de cualquier tipo de pareja para alcanzar derechos, no debe confundirse con la necesidad de claridad y de precisión.

El Libro de estilo exige a los redactores del periódico que rechacen "cualquier presión de personas, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses".

Ni en el ejemplo de los grupos nacionalistas, ni en el del concepto de matrimonio aplicado a uniones de homosexuales, o en otros muchos que podrían espigarse, ha existido ningún tipo de presión externa.

Precisamente por eso debería extremarse la atención para no dejarse arrastrar por ninguna corriente, ni utilizar ningún tipo de expresiones que favorezcan, directa o indirectamente, intereses muy lejanos, o abiertamente contrarios, a las normas jurídicas y sociales admitidas por la inmensa mayoría.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.