Aznar evitará hablar en público sobre derechos humanos en China

Con 1.300 millones de habitantes y un crecimiento anual próximo al 8% del PIB, China puede ser la primera potencia económica del mundo a mediados del siglo XXI. Así lo creen los asesores del presidente del Gobierno, José María Aznar, quien hoy llega a Pekín con 200 empresarios para una visita de cinco días con el objetivo expreso de abrir este colosal mercado a empresas españolas, por lo que Aznar no hará declaraciones sobre la situación de los derechos humanos.

La intensificación de las relaciones con China es una de las prioridades de la diplomacia española, según destacó Aznar en su discurso de investidura y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en su primera comparecencia ante el Congreso. España mantuvo una actitud tibia ante los sucesos de Tiananmen, en 1989, y el hecho de ejercer entonces la presidencia de la UE le permitió no retirar a su embajador en Pekín, como hicieron muchos de sus socios. España ha sido incapaz de capitalizar un gesto que no olvidan las autoridades chinas. Las relaciones económicas entre ambos países son modestas, pero deficitarias para España. El año pasado, las exportaciones no llegaron a los 500 millones de dólares (unos 88.000 millones de pesetas), mientras que las importaciones ascendieron 650.000 millones.Aznar planteará hoy mismo a su homólogo chino, Zhu Rongji, la necesidad de que Pekín haga "un gesto" y adjudique a empresas españolas alguna gran obra pública. Fuentes de La Moncloa sostienen que la política común de la UE hacia China obliga a plantear el asunto de los derechos humanos, así como el del Tíbet, en los contactos bilaterales, pero de forma reservada. Además, el Gobierno español considera "irreversible" el proceso de apertura del régimen chino, se declara "satisfecho" de los progresos en derechos humanos y confía en la promesa del presidente Jiang Zemin de instaurar un Estado de derecho en 2010.

El problema de la inmigración ilegal también será abordado en las conversaciones. La colonia china, unas 40.000 personas, crece rápido y el Gobierno quiere regular la devolución de inmigrantes irregulares y endurecer la concesión de visados.