La contaminación política de Telefónica

Una economía que se liberaliza necesita de organismos reguladores fuertes. No es lo mismo liberalizar que desregular. Lo demuestra Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su reciente libro titulado La competencia. Para que un organismo regulador sea fuerte ha de ser independiente de las empresas, pero también del poder político. Tiene que fijar claramente las garantías de su independencia, "pues siempre subsiste la tentación por parte de los gobiernos de dar marcha atrás o condicionar la actuación de estos órganos".Éste sería un buen momento para conseguir la independencia de los órganos reguladores, ya que la competencia está de moda; los partidos, tanto de derechas como de izquierdas, están a su favor. Pese a ello hay una dificultad enorme para aplicar las políticas de competencia porque los juegos de intereses y la defensa de los privilegios son muy fuertes. Puede ser políticamente rentable proclamar que se liberaliza, pero no hacerlo. Esto es lo que ha hecho el PP en la primera legislatura: evitar el enfrentamiento con los intereses de quienes disfrutan de la falta de competencia; intervenir a favor de sus amigos en las privatizaciones; limitar la potencia de los organismos reguladores.

Un buen ejemplo es Telefónica. La historia de la compañía de Juan Villalonga es la de una continua intervención del Gobierno. Nombrado presidente por su amistad con Aznar, amparado en su continua fuga hacia delante en la destrucción de equipos profesionales y en alianzas internacionales que no se sustanciaban, estimulado en la creación de un grupo de comunicación multimedia afín al PP, consentido durante mucho tiempo en su política de retribuciones (opciones sobre acciones) a pesar de estar construida sobre un negocio que mantenía trozos de monopolio e intervención administrativa, Villalonga tropezó cuando pretendió distanciarse del poder político que lo había encumbrado y del poder mediático que le había construido, ambos trabajando en resonancia.

Sus antiguos protectores son los que más le atacan hoy. Las stock options del antiguo monopolio sólo se convirtieron para ellos en piedra de escándalo cuando su cuantía y la falta de transparencia afectaron los intereses políticos del PP. La crisis se extendió cuando Villalonga firmó un acuerdo con el BBVA que no solamente aumentaba su blindaje, sino que lo convertía en un personaje importante (vicepresidente) de dicho banco. Y estalló cuando quiso firmar la fusión de Telefónica con la holandesa KPN; entonces el Gobierno presionó a los principales accionistas del núcleo duro y a los consejeros independientes para que dijesen "no" a la propuesta de Villalonga.

Hace unos días, El Mundo (cuyo director se ha destacado por las más desmesuradas adulaciones a Villalonga) acusó al presidente de Telefónica de usar información privilegiada para comprar acciones de la compañía. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo regulador del asunto, informó de que investigó esas operaciones y las consideró lícitas. ¿Caso cerrado? De ningún modo. A preguntas del periódico denunciante, el presidente de Gobierno declaró que la CNMV "tiene resortes para que, si aprecia que pueden existir determinadas circunstancias, se proceda a la investigación... espero y deseo que la CNMV actúe en consecuencia". Al día siguiente, el organismo regulador reabrió la investigación que ya había cerrado.

No se trata aquí de enjuiciar la actuación de Villalonga (a cualquier ciudadano honrado le repugnan la información confidencial, la falta de transparencia y los abusos) sino de manifestar el sometimiento de un organismo regulador a los deseos del poder político. El Gobierno ha intervenido a favor de Villalonga cuando le ha convenido, y en su contra cuando le ha interesado. ¿Cuando llegará el tiro de gracia?