El Foro de la Inmigración rechaza el borrador de reforma de la ley que presentó el Gobierno

El Foro de la Inmigración, órgano integrado por ONG, sindicatos y representantes de las administraciones local, autonómica y central, aprobó ayer por 18 votos a favor, cuatro en blanco y dos abstenciones un dictamen por el que rechaza el borrador de reforma de la actual Ley de Extranjería, presentado la semana pasada por el Gobierno. "El nulo carácter integrador" del nuevo proyecto de ley y la "falta de estudios rigurosos" sobre las dificultades de la actual normativa son las razones de este rechazo y de la exigencia de que se desarrolle el reglamento correspondiente a la legislación vigente.

El Foro considera que los motivos expuestos por el Gobierno en el borrador de la ley para modificar la normativa actual "no tienen base real", ya que durante los cuatro meses que lleva vigente la normativa actual no se ha demostrado que ésta haya sido superada por la realidad del fenómeno de la inmigración. La secretaria confederal ejecutiva de UGT, Almudena Fontecha, advirtió de que, con datos de la Comisaría General de Policía, entre enero y febrero de 1996 se interceptaron más pateras que en el mismo periodo de este año, lo que, según ella, contradice los argumentos del Gobierno sobre el "efecto llamada". Asimismo, en el texto del dictamen se señala que el argumento esgrimido por el Ejecutivo, sobre la necesidad de luchar contra las mafias, no tiene ninguna validez en la medida en que en el borrador del proyecto de ley "no se modifican en absoluto los mecanismos de control de flujos, no se añaden nuevas medidas, y el único incremento en el control y la represión es sobre la víctima del delito, y no sobre el delincuente".

Respecto al papel del Foro, que no intervino en la elaboración del borrador, rechazan que el nuevo proyecto de ley quiera limitar sus competencias, restringiendo su papel a materias de integración de extranjeros, "lo que significa", afirman, "que no podrá emitir dictámenes sobre aspectos fundamentales de la política migratoria".

Por último, el texto advierte de que el borrador supone una "involución en derechos sociales" para los extranjeros, al suprimir los derechos de reunión, asociación, manifestación o sindicación. Y, más aún, entiende que algún supuesto de supresión de derechos "es inconstitucional y favorece la arbitrariedad", como es el caso de la reducción de la tutela judicial efectiva de aquellos que se encuentren en España, "que creará indefensión jurídica para los expulsados, los a priori reagrupables y los solicitantes de permisos en los países de origen".

En la reunión también se abordó la actuación de la Administración en la repatriación de los 36 inmigrantes a los que se trasladaba hacinados en una furgoneta interceptada en Mijas (Málaga). Los integrantes del Foro optaron por pedir explicaciones al Gobierno acerca de lo ocurrido y de la manera en la que se había aplicado la Ley.

La misma petición ha sido realizada ya por los principales partidos de la oposición, por Nueva Izquierda y por Asociaciones de Inmigrantes. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, Manuel Villén, envió una carta al subdelegado del Gobierno, Carlos Rubio, en la que le pide información "sobre las circunstancias y el procedimiento" que se utilizó para expulsar a los inmigrantes, informa Ignacio Martínez. El fiscal jefe de Málaga define a los inmigrantes en su carta como "víctimas, perjudicados y testigos" del tráfico ilegal de seres humanos.

"Estricto cumplimiento"

El aluvión de críticas provenientes de partidos, organizaciones sociales, organizaciones judiciales e, incluso, magistrados y fiscales del Tribunal Supremo sobre la expulsión de los inmigrantes de Mijas, no ha hecho variar de opinión a los responsables de Interior. El ministro, Jaime Mayor Oreja, respondiendo precisamente a las críticas de los magistrados del Supremo, aseguró ayer que la expulsión de los inmigrantes se hizo "en estricto cumplimiento de la ley" y defendió la actuación de los agentes que "evitaron que los extranjeros corriesen la misma suerte que los chinos que murieron asfixiados en el interior de un camión frigorífico en Dover".

Por su parte, el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, que ayer se entrevistó con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, respondió a las múltiples críticas con un consejo: "Criticar lo que es criticable, para no acabar desorientando a la población".

El portavoz del grupo parlamentario de CiU, Xavier Trias, señaló ayer que no definirán sus planteamientos sobre la Ley de Extranjería hasta el próximo mes de septiembre, a la espera de que puedan conciliarse las posturas de PP, PSOE y CiU sobre la reforma del texto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0023, 23 de junio de 2000.

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