El delegado de Inmigración considera "impecable" la actuación en Mijas

El secretario de Estado y delegado del Gobierno de Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, afirmó ayer que el Gobierno central lucha de forma "implacable" contra la "plaga" de las mafias de tráfico de inmigrantes, y consideró "impecable" la actuación realizada con los 36 marroquíes de Mijas (Málaga), que fueron expulsados el pasado martes, frente a las críticas vertidas al respecto por magistrados y fiscales del Tribunal Supremo.Fernández-Miranda se reunió ayer en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para analizar el fenómeno de la inmigración en Cataluña y en España, y, en sus posteriores declaraciones a los periodistas, subrayó: "Estamos demostrando que queremos de verdad luchar contra la peor plaga que pueden padecer los inmigrantes, que es la de las redes organizadas que trafican para traerlos y explotarlos".

El delegado del Inmigración reafirmó que la actuación policial en el caso registrado en Mijas fue correcta y que se aplicó "rigurosamente" la Ley de Extranjería, aunque aseguró que la voluntad de los marroquíes de declarar fue "escasa". Según afirmó, la actuación de la Guardia Civil permitió salvar la vida de los inmigrantes, los identificó y les dio el reconocimiento médico, lo establecido en la ley.

Ante la opinión crítica de los jueces del Supremo, quienes han considerado que la expulsión de estos magrebíes pudo vulnerar los derechos constitucionales y la Ley de Extranjería, Fernández-Miranda apostilló: "Me parece sorprendente que pueda haber preocupación por el hecho de que los inmigrantes no tuvieran tiempo de declarar ante el juez cuando el conductor fue detenido por delito in fraganti".

Pieza clave

El delegado de Inmigración dijo que las administraciones autonómicas y locales serán "una pieza clave" en el diseño del "plan global de actuación en inmigración", que deberá desarrollarse, a partir del próximo mes de septiembre, a lo largo de esta legislatura. En torno a las actuaciones que se plantea afrontar el Gobierno, Fernández-Miranda dijo que hay que "ordenar el mercado laboral, tener muy claro que España tiene una capacidad limitada de admisión, que nuestra primera obligación es proporcionarles un puesto de trabajo digno y que es imprescindible la reagrupación familiar. Todo eso está en la ley".

Ni Pujol ni el diputado de CiU en el Congreso Xavier Trias quisieron avanzar la postura de esta coalición respecto a la reforma legal por entender que el debate y la definición de posiciones se tendrá que producir a partir de septiembre, después de que, según lo previsto, el anteproyecto del Gobierno llegue al Consejo de Ministros el próximo 7 de julio. El proceso de regularización extraordinaria iniciado en febrero acabará en julio.