Pere Macias admite que el puente de la N-II "no estaba bien construido"

El puente de la N-II sobre la riera de Magarola "no estaba bien construido", admitió ayer el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macias, en el Parlament. La estructura cedió el pasado día 10 ante el empuje de las aguas de la riera tras una tormenta sin precedentes -según la Generalitat- en los últimos 100 años y causó la muerte de dos hermanos que se encontraban con su coche sobre el citado puente. Dos guardias civiles también muerieron al día siguiente durante la operación de rescate de los jóvenes.

Macias, junto a los titulares de Gobernación, Josep Antoni Duran Lleida; Interior, Xavier Pomés, y Medio Ambiente, Felip Puig, compareció ayer ante la Comisión de Organización y Administración del Parlament.Un informe técnico que los ayuntamientos de Esparreguera y Abrera hicieron público el miércoles indica que el puente no resistió porque una columna de la ampliación de esta estructura, que se construyó en 1990, tenía su base sobre una roca sin cimentación a más profundidad. Esta obra aún está en garantía y fue construida por Fomento de Construcciones y Contratas. Macias insistió ayer en que el puente, del que es titular la Administración central, "estaba mal construido", y añadió que "algo se hizo mal porque falló". De todos modos, especificó que "sería temerario generalizar en el resto de infraestructuras del país".

El PSC, ERC e IC-V reclamaron que el peaje de la A-7 y de la A-18 no sólo se levante para los camiones, sino también para los turismos que hacían su recorrido habitualmente por la N-II y que ahora buscan rutas alternativas para evitar los atascos de Esparreguera. El PP reclamó que se establezcan automatismos para levantar las barreras en caso de emergencia. Macias se comprometió a estudiar estas últimas, pero se opuso a extender la gratuidad a los turismos.

Construcciones en los cauces

Desde la oposición también se reclamó una mayor vigilancia de las orillas de los ríos y las rieras, donde hay construcciones "ilegales, alegales y algunas permitidas a pesar de estar en puntos de riesgo en periodos anteriores al actual Gobierno", según admitió el consejero de Medio Ambiente. La Agencia Catalana del Agua, dijo Puig, iniciará un trabajo de delimitación de los dominios hidráulicos en Cataluña. Macias reconoció que una parte de la responsabilidad corresponde a la Generalitat, en cuanto la Comisión de Urbanismo da la aprobación final a los proyectos municipales y Medio Ambiente debe controlar la actividad en zonas inundables, pero otra corresponde a los ayuntamientos, que son los que presentan los proyectos y conceden el permiso de obras. El consejero recriminó a los municipios no sólo la laxitud en las tareas de policía, sino también la insistencia en solicitar y apoyar proyectos que ocupan estas zonas inundables. Los daños por las inundaciones en bienes públicos de administraciones catalanas ascienden a unos 9.000 millones de pesetas, una cifra que podría aún ser superior tras la notificación de daños definitiva, según explicó Duran Lleida, quien también anunció que la Generalitat reclamará al Gobierno central que participe en el 50% en los gastos por la recuperación de las zonas afectadas.

Por su parte, Xavier Pomés explicó con detalle toda la actuación de su departamento y, ante las preguntas del presidente del grupo parlamentario de IC-V, Rafael Ribó, sobre la evacuación de 537 personas de Montserrat, Pomés explicó que el coste total fue de 16 millones de pesetas. El consejero se mostró visiblemente molesto por la insistencia de Ribó en pedir explicaciones acerca de la evacuación en helicóptero y el hecho de que desde poco después de las tres de la tarde se pudiese circular por la carretera de acceso a Montserrat.