El interventor de Marbella dice que los contratos de patrocinio eran nulos

El interventor del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Castro Jiménez, reconoció ayer ante el tribunal que juzga el caso Atlético que los contratos de patrocinio con el club de fútbol fueron nulos, pero que ordenó pagarlos en 1995 "porque el servicio se había prestado". Este funcionario contestó ayer a las preguntas de los abogados defensores, que le preguntaron en reiteradas ocasiones si ordenó el pago, para intentar demostrar que los contratos existían.

Castro Jiménez emitió un informe en el que señalaba que no supo nada de los contratos firmados con el club rojiblanco en las temporadas 91-92 y 92-93 hasta 1995 y admitió que fue un gasto municipal que no pasó por pleno.Durante la sesión de ayer también declaró Jesús Samper, ex secretario de la Liga de Fútbol Profesional, y durante su interrogatorio las acusaciones han intentado demostrar que Jesús Gil realizó un perjuicio económico a la empresa municipal Eventos 2.000 al trasferir los contratos de publicidad a la Sociedad Española de Fútbol Profesional.

Samper, que también fue administrador único de la Sociedad Española de Fútbol, ha desmentido tal extremo y ha asegurado: "Nunca trabajé con Jesús Gil yo sólo trabajaba con el director general club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín".

Aunque reconoció que a la Sociedad, que se creó -según ha explicado a la Sala- para aglutinar los intereses de los clubes y conseguir beneficios para la liga, "políticamente nos vino muy bien tener el Atlético de Madrid para así intentar que los demás club también nos contratasen".

El fiscal Anticorrupción mantiene en su escrito acusatorio que Gil, a partir de junio de 1995, se integró como vicepresidente en la mencionada asociación y que, "como ésta se había creado para destinar servicios de intermediarios a los equipos asociados a la misma, creyó que convenía a sus personales intereses que la esponsorización del Atlético pagara a la sociedad".

Para ello, Gil aprovechó -siempre según el fiscal- su doble condición de presidente del Atlético y alcalde de Marbella y ordenó a su hijo y al presidente de Eventos 2.000 que dejasen sin efecto un contrato entre ambas entidades, que causó un perjuicio económico de ocho millones de pesetas al Consistorio.