Bruselas asegura que investigar a las petroleras compete sólo a cada país

El comisario de la Competencia de la Comisión Europea, Mario Monti, aseguró ayer que las investigaciones acerca de posibles acuerdos entre las petroleras para concertar precios compete a los Estados miembros. En España, la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción siguió provocando reacciones. Transportistas y consumidores pidieron sanciones, se felicitaron por la iniciativa y las petroleras negaron cualquier irregularidad.

Los ecos de la polémica abierta en España, en Italia -con multa de 55.000 millones a las petroleras- y hasta en EEUU -ayer la Casa Blanca advirtió a las petroleras de que no existen razones para los incrementos de precios que se registran en ciudades concretas- han llegado a Bruselas. "Sé que este asunto es de rabiosa actualidad en España e Italia", afirmó ayer el comisario de la Competencia, Mario Monti. "Sé que están muy interesados en la distribución de estas competencias [de investigación] entre la UE y los Estados miembros", pero insistió en que las investigaciones sobre posibles acuerdos de precios son competencia de los Estados.En España, la iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción de investigar posibles acuerdos entre las compañías fue recibida con alborozo por las asociaciones de transportistas y de consumidores. La llamada Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, que agrupa a organizaciones profesionales de transportistas, agricultores y consumidores, solicitó al Tribunal de Defensa de la Competencia que aplique a las petroleras las sanciones máximas previstas por la Ley de Defensa de la Competencia, es decir, el 10% de su facturación.

Los integrantes de la plataforma, que anunciaron nuevas movilizaciones en el mes de julio, acordaron personarse en la fase de instrucción de diligencias abierta por la fiscalía. En este sentido, el secretario general de Fenadismer, Juan Antonio Millán, explicó que su organización ha iniciado una campaña de recogida de facturas para presentarlas en el Tribunal de Defensa de la Competencia para demostrar que existe un oligopolio en España. En opinión de Millán, el único que aún no ha admitido esa situación de oligopolio en España "es el Consejo de Ministros". Fernando Moraleda, de la asociación agraria UPA, criticó la pasividad del Gobierno y ratificó que se personará en el caso.

Otras organizaciones como la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), además de mostrar su satisfacción por la investigación en marcha, insistieron en la necesidad de que el Gobierno rebaje la carga impositiva del gasóleo.

En medio de los ecos desatados por la iniciativa de la fiscalía, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacó que "nunca antes [en España] se había sido tan beligerante en materia de defensa de la competencia", y no entró a valorar la iniciativa de la fiscalía. Sobre dicha iniciativa, el presidente de Repsol-YPF, la mayor petrolera española, Alfonso Cortina, aseguró que jamás ha habido una política de concertación de precios entre las compañías y ofreció la colaboración de la compañía en la investigación.

En el mismo sentido se pronunció ayer el consejero delegado de Petronor (empresa del grupo Repsol), Enrique Locutura. Éste, informa Pello Gómez Damborenea, se refirió al informe presentado ante la Unión Europea por el Gobierno vasco sobre la coincidencia en los precios de venta de carburantes, y señaló que del mismo no se extrae ninguna conclusión que pueda llevar a pensar en pactos, sino que es lógico que las estaciones de servicio que operan en la misma zona tengan precios parecidos.