El Supremo investiga si la empresa de la A-4 tiene beneficios "injustificados"
,Tres expertos auditores van a estudiar si la empresa Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) va a obtener beneficios adicionales o "injustificados" gracias a la prórroga de la explotación del peaje de la A-4 concedida por el anterior Ejecutivo, del PP, en 1997. El Tribunal Supremo ha ordenado la prueba pericial y admite así la práctica de todas las comprobaciones propuestas por la Diputación de Cádiz, que recurrió la decisión del Consejo de Ministros de prorrogar el peaje de esta carretera.
La decisión del Supremo se adopta pese a la opinión del abogado del Estado y del letrado de la empresa, según informa la Diputación de Cádiz, la institución más beligerante contra la ampliación hasta 2019 de la prórroga aprobada por el anterior Gobierno socialista, que expiraba en 2006.La Diputación sostiene en su recurso -dirigido hasta ahora por la abogada y viceconsejera de Gobernación, Teresa Agudo- que el último acuerdo gubernamental "provoca el enriquecimiento injustificado de la concesionaria".
El presidente de la Diputación, Rafael Román (PSOE), cree que la decisión del Supremo es "una victoria parcial que mantiene vivo el asunto" y que hará "más factible" que la sentencia final respalde la tesis de la institución. "Este recurso se ha convertido en la última esperanza que tenemos los gaditanos para que finalmente se liberalice [supresión del peaje] la autopista, porque a estas alturas ya conocemos que las promesas del Gobierno carecen de credibilidad", afirmó.
Román recordó que ya se han eliminado tramos de pago en Cataluña y Valencia, pero no en la única autopista de peaje de Andalucía que carece de autovía alternativa gratuita.
Desde el punto de vista técnico, la Diputación sostiene que se prorrogó la explotación de la autopista cuando ya superaba en unos pocos meses la concesión global de 50 años prevista para la vía. También defiende que el beneficio que obtendrá la compañía privada no se justifica con las rebajas del precio de las tarifas en un 30% para turismos y un 40% para vehículos pesados. Además, la Diputación incluyó en el recurso apreciaciones sobre supuestas irregularidades cometidas en la tramitación de la prórroga.
Prueba compleja
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que admitió el recurso, acordó el 30 de mayo pasado -la Diputación recibió el auto el 9 de este mes e informó ayer- practicar la "extensa y compleja" prueba pericial propuesta por la Diputación.
En este sentido, el tribunal, de acuerdo con las partes o por sorteo, designará a tres peritos. Esta decisión, a juicio de la Diputación, "promete aportar jugosas sorpresas".
La institución provincial acompañó su recurso de un informe de la firma Control y Asesoramiento en el que se ratificaban "punto por punto" sus argumentos.
El Supremo conocerá, a través de esta prueba, si las previsiones, los incrementos del tráfico, la evolución de los gastos de explotación, las inversiones, los ingresos -una vez rebajadas las tarifas y ampliada la concesión- y las proyecciones sobre el coste del dinero se han calculado mediante un sistema "adecuado y coherente" o, como sostiene la Diputación, se ha hecho de forma anómala y para justificar la prórroga.
La Diputación, además de la presentación del recurso, ha sido la institución que ha promovido junto a otros organismos, ayuntamientos y agentes sociales y económicos -que sostienen que el peaje es un lastre para el desarrollo de la provincia- las protestas contra el pago en la autopista.
La subdelegación del Gobierno llegó a multar a Román por impedir la circulación durante una concentración de cargos públicos en esta carretera
