El juez rechaza las pruebas sobre el espionaje del Cesid pedidas por HB

La investigación judicial sobre el espionaje del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) en la sede de Herri Batasuna (HB) de Vitoria, descubierto el 31 de marzo de 1998, ha entrado en un callejón sin salida. Marino Herrero, titular del juzgado de instrucción número 2 de Vitoria, ha rechazado las diligencias solicitadas por el abogado de la coalición abertzale, Íñigo Iruin, alegando que el asunto ha sido clasificado como secreto por el Consejo de Ministros y que el Supremo no ha admitido revisar esta decisión.

Entre otras diligencias, el letrado de la acusación particular había pedido que declarasen como imputados los dos últimos responsables del servicio secreto bajo el Gobierno del PSOE, los generales Félix Miranda y Jesús del Olmo, y los ex jefes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del centro de inteligencia Manuel López Fernández y Antonio Lago Palomeque.El juez recuerda que su antecesora al frente del juzgado, Carmen Lasanta, elevó una exposición razonada al Ministerio de Defensa en la que solicitaba la desclasificación de los datos referidos al espionaje a HB. En su reunión del 24 de julio de 1998, el Consejo de Ministros respondió negativamente a la demanda de la juez y refrendó el carácter reservado de la información.

El abogado Íñigo Iruin presentó un recurso contra esta decisión ante el Tribunal Supremo, confiando en que éste revocase el acuerdo gubernamental, como ya hizo en el caso de los papeles del Cesid sobre la guerra sucia.

Sin embargo, la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo no admitió a trámite el recurso de la acusación alegando un defecto de forma. Ello se debe a que Iruin presentó su recurso el 4 de diciembre de 1998, un día antes de que concluyera el plazo, ante el juzgado de guardia de Madrid. Según el Supremo, la presentación en el juzgado de guardia sólo es válida cuando no es posible acudir al tribunal competente, lo que no ocurría en este supuesto, pues el día 5 aún era hábil.

Ahora, el juez de Vitoria recuerda que la inadmisibilidad del recurso por parte del Supremo ha otorgado firmeza al acuerdo del Consejo de Ministros y que no cabe plantear peticiones sobre materias reservadas cuya desclasificación no ha sido posible.

Otros imputados

Aunque el auto afecta a los cuatro ex directivos ya citados, la doctrina en él contenida debería aplicarse en buena lógica a los demás implicados. Tanto el actual director del Cesid, Javier Calderón, como el militar que lo dirigió entre 1982 y 1995, Emilio Alonso Manglano, comparecieron como imputados en el juzgado de Vitoria y se negaron a declarar apelando al carácter secreto de la operación. Lo mismo hicieron otros agentes cuyos datos personales se encontraron en el registro de la base operativa instalada sobre la sede de HB.

La juez Carmen Lasanta ya advería en su exposición razonada al Gobierno de que, si no obtenía respuesta a sus preguntas, "simple y llanamente esta instrucción está abocada al fracaso". Este pronóstico parece confirmarse a la luz del auto firmado por su sucesor el pasado día 2.

El descubrimiento de las escuchas del Cesid a HB causó en su momento un gran escándalo y obligó a comparecer al entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, ante el Congreso, donde anunció la destitución de un coronel y un capitán de navío destinados en la División Interior del servicio secreto. El primero de ellos, responsable directo de la base de Vitoria, murió dos meses después debido a un infarto.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, afirmó en abril de 1998 ante el Parlamento que el Cesid "cumplía con su obligación" al espiar a HB.