El Gobierno británico dice que hizo lo posible para frenar a los 'hooligans'

Avergonzado por los disturbios protagonizados durante el fin de semana en Bélgica por la hinchada británica, el Gobierno laborista rechazó ayer las críticas de la UEFA y le echó la culpa a los tribunales y a los propios violentos de lo ocurrido. Después de lamentar los enfrentamientos, tanto el primer ministro, Tony Blair, como su titular de Interior, Jack Straw, subrayaron que la mayoría de los 824 detenidos no figuraba en registro policial alguno. A partir de ahora, sin embargo, los hinchas condenados por asalto tendrán prohibida de por vida la entrada a los estadios británicos. Durante la Eurocopa, será reforzada la vigilancia policial en puertos y aeródromos para detener a los sospechosos de armar jaleo.

"No hay varitas mágicas para solucionar el problema de las agresiones en el fútbol. La responsabilidad final recae en los hinchas, que deberían contenerse", dijo Jack Straw, poco antes de anunciar ante la Cámara de los Comunes que pedirá ayuda a las compañías aéreas y de transbordadores para identificar a los violentos. También recomendará a las autoridades belgas que retiren, como las holandesas, la cerveza de alta graduación durante el campeonato. Dispuesto a demostrar la firmeza del Ejecutivo en este terreno, exhortará asimismo a los jueces británicos a que confisquen los pasaportes de los hinchas dudosos para que no causen problemas en el extranjero.Dolido por la amenaza de la UEFA de expulsar a la selección inglesa de repetirse las peleas callejeras, el ministro del Interior señaló que la policía británica lleva meses colaborando con sus colegas de Bélgica y Holanda. "Hemos hecho todo lo posible por evitar estas deplorables escenas. Con todo, estudiaré la posibilidad de forzar a los tribunales a que retiren el pasaporte a los hinchas expulsados de partidos nacionales o internacionales por su mal comportamiento". Según Interior, los jueces británicos se resisten a quitar los pasaportes porque consideran dicho gesto un atentado a las libertades civiles. Una decena escasa de hinchas fichados por la policía ha sufrido dicha ignominia en el Reino Unido desde el pasado septiembre. Cerca de 500 tienen prohibida de forma temporal la asistencia a partidos disputados en casa, y el ministerio cree que los tribunales deberían ser más estrictos y prohibirles también viajar fuera.

"A pesar de ello, debe quedar claro que entre los detenidos de las últimas horas hay abogados e ingenieros. Gente corriente arrastrada por la bebida y la confusión", señaló Straw, tratando de justificar el elevado número de deportados. Tony Blair, desde Portugal, calificó a los hooligans como "gentuza que no tiene cabida en nuestro país" y se lamentó que estos sucesos pudieran influir negativamente en la adjudicación del Mundial de 2006, que ha solicitado Gran Bretaña.

Al ministro del Interior, Straw, le ha molestado sobremanera que la UEFA le recordara la resolución de Alemania al impedir viajar a 3.000 hinchas para evitar problemas. El hecho de que la cifra de 824 británicos detenidos y expulsados de Bélgica haya marcado un oscuro hito en la Eurocopa, le ha resultado también muy difícil de digerir. Sin olvidar que la mayoría de éstos son libres de regresar a Bruselas si lo desean. Sólo un reducido grupo de arrestados ha sido acusado de asalto por la policía belga.

Para la oposición conservadora, las disculpas del ministro y las que Tony Blair presentará a sus socios europeos en Portugal, donde asiste a la cumbre de la UE, resultan casi ridículas. En 1999, un proyecto de ley presentado por los tories para restringir la libre circulación de los hinchas británicos sin antecedentes penales pero "susceptibles de alentar o protagonizar disturbios en otros países", tuvo que ser retirado. Los diputados laboristas y varios de sus colegas conservadores prefirieron no dar la sensación de que el Estado perseguía a la ciudadanía. "Mírenlos ahora. Con mayoría absoluta parlamentaria y escudándose en que los hinchas detenidos no figuraban en los archivos policiales", dijo ayer William Hague, líder de la oposición, cada vez más seguro de sus actuaciones.

Tras la apresurada comparecencia de Straw ante los Comunes, Londres espera haber convencido a la UEFA de que toma en serio la amenaza de expulsión del campeonato. Lo último que desea el gobierno laborista es la repetición de una catástrofe como la registrada en 1985 en el estadio belga de Heysel. A la Asociación británica de Fútbol, partidaria de la retirada de psaportes de los violentos, la perspectiva de otra tragedia le produce pesadillas. Su director ejecutivo, David Davies, solicitó una reunión urgente con la UEFA.