Sensibilidades contrapuestas

Los datos de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares correspondientes al primer trimestre del año -que manifiesta un fortísimo crecimiento del gasto en los hogares-, el gran desequilibrio del comercio exterior (con aumento de las exportaciones y más significativo aún de las importaciones), las desbordadas cifras del endeudamiento bancario de empresas y particulares o la ampliación de la brecha inflacionista indican, entre otros, que la economía española está en fase de recalentamiento.Es en esta parte del ciclo, cuando las coordenadas del crecimiento miran hacia arriba, en la que los ciudadanos, cansados de los sacrificios de muchos años, exigen más a sus gobernantes. Quieren compartir los réditos de la coyuntura: demandan más y mejores empleos, aumento de la capacidad adquisitiva de los salarios y más alegría en la solución de sus problemas de bienestar: pensiones más altas, educación y sanidad pública más holgadas, etcétera.

Se produce entonces una contradicción clásica entre las recomendaciones de los expertos y la sensibilidad de los ciudadanos. Los primeros pretenden ampliar la duración del ciclo dentro de la austeridad -estabilidad-, mientras los segundos demandan más expansión (por ejemplo, del gasto público). Ello ha ocurrido siempre y esa contradicción produce tensiones sociales más o menos grandes. La sufrieron los socialistas, y padecieron varias huelgas generales, y ahora comienza a hacerse explícita con el PP.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha hecho del equilibrio presupuestario su bandera de política económica y ha avisado a los navegantes de la oposición y de su propio partido, que avalará al vicepresidente económico, Rodrigo Rato, en este tránsito. Hay muchos economistas, incluidos algunos de la oposición, que afirman que el equilibrio presupuestario no es en estos momentos una política restrictiva, ya que en la actual situación -crecimiento del producto interior bruto (PIB) por encima del 4%- se producirá automáticamente, y le exigen una vuelca de tuerca en la política fiscal.

Si la política monetaria la determina el Banco Central Europeo, al Gobierno sólo le queda -para continuar la política de estabilidad- mantener el gasto público y dedicar los aumentos de recaudación a enjugar el déficit y a recomprar la deuda pública. Además de las medidas pendientes de liberalización y a favor de la competencia, teniendo en cuenta que por primera vez en la historia cuenta con una opinión mayoritariamente favorable a ello.

Pero esa misma opinión pública quiere, en estas circunstancias, cobrarse parte de la deuda social pendiente, en la vieja terminología. Por ello, frente a problemas tan intolerables como las listas de espera en los hospitales o la situación de los juzgados exige aumentos presupuestarios. Por eso, ante aumento de los precios superiores a los previstos, los sindicatos demandan mayores incrementos salariales (teniendo en cuenta, además, que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, los salarios subieron como media ocho décimas menos que la inflación hasta el mes de abril). De ahí también la irritación ante el globo sonda (por el momento) del Gobierno de que subirá el porcentaje que los ciudadanos habrán de pagar por las medicinas recetadas por la Seguridad Social y los jubilados también una parte del precio de las mismas.

En esta dialéctica que ensancha las posiciones distantes no conviene echar leña al fuego. Las negociaciones entre patronal y sindicatos para un reforma laboral, hasta ahora en segundo plano, adquieren una importancia capital. No parece muy oportuna, en este sentido, la brecha que se está abriendo en la sociedad en un asunto que también tiene su componente económica: la Ley de Extranjería. No sea que el lobo del otoño caliente sea, en esta ocasión, más factible que en años anteriores.