Amnistía Internacional denuncia el acoso de ETA a los políticos no nacionalistas

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) exigió ayer a la banda terrorista ETA que ponga fin de forma inmediata y definitiva a los homicidios, secuestros y toma de rehenes y que deje de cometer actos violentos e intimidatorios, como incendios, atentados con explosivos y amenazas de muerte, que ha continuado llevando a cabo contra representantes políticos vascos, empresas, periódicos, personalidades judiciales y agentes encargados de hacer cumplir la ley tras el anuncio del fin de la tregua el pasado mes de noviembre."ETA continúa matando y ETA continúa ejerciendo la violencia callejera", declaró ayer el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán. Como denunció Beltrán, esta violencia callejera prosiguió durante el periodo que duró la tregua (del 18 de septiembre de 1998 hasta el 3 de diciembre de 1999) de la organización terrorista, así como que persistieron la política de violencia y el acoso e intimidación contra concejales vascos del PP, PSOE y políticos del ámbito no nacionalista. La situación de falta de respeto a los derechos humanos que se sufre cada día en el País Vasco y los asesinatos de ETA abren el capítulo dedicado a España en el informe anual de la organización titulado El olvido está lleno de memoria.

El final de la tregua de ETA se tiñó de sangre con la muerte en enero del oficial del Ejército, Pedro Antonio Blanco García. A este atentado le siguieron otros cuatro asesinatos más, incluido el de José Luis López de Lacalle, columnista, pacifista y expreso político durante la dictadura del general Franco. La muerte de López de Lacalle formaba parte de una campaña creciente de ETA contra los periodistas.

Amnistía volvió a pedir ayer a la banda armada que respete los derechos humanos, con independencia de la existencia de un proceso de paz, manifestando que estos derechos nunca son negociables.

Beltrán resaltó las denuncias por presuntos miembros de ETA de torturas y malos tratos infligidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil en el momento de la detención, durante su traslado a comisarías y durante el periodo de detención en régimen de incomunicación. Existen persistentes referencias a la asfixia mediante la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, así como reiteradas palizas. En algunos casos, las denuncias aludían a abusos sexuales.