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San Sebastián se apropiará de los pisos sociales revendidos a precios del mercado libre para impedir la especulación

Mikel Ormazabal

El Ayuntamiento de San Sebastián aprobó ayer en pleno una nueva medida para poner cerco a la especulación con las viviendas públicas. Con el acuerdo unánime de los grupos políticos, en el futuro el consistorio podrá hacerse con los pisos de protección oficial (VPO) cuyos propietarios intenten revenderlos a precios del mercado libre. Para ello incluirá una cláusula en todos los contratos de adjudicación de estos pisos subvencionados, por la que el Ayuntamiento se reserva una opción de compra preferente. Esta medida se aplicará este mismo mes en la concesión de las 252 viviendas protegidas de Atocha.Este plan de choque contra la utilización incorrecta de las ayudas públicas permitirá al Ayuntamiento donostiarra vigilar de cerca las condiciones de venta de las viviendas antes de cumplirse el plazo de los 20 años, al cabo del cual estos pisos pierden la calificación de protegidos. En esas dos décadas el Gobierno vasco tiene también el derecho de tanteo y retracto sobre ellos.

El consistorio controlará, caso por caso, la transmisión de las viviendas, reservándose la facultad de adquirirlas por su valor tasado en régimen de protección oficial si no autoriza la operación de compraventa del propietario. En ese caso, una vez dueño del piso, lo sorteará entre los solicitantes que cumplen los requisitos para acceder a este tipo de viviendas. Este acuerdo no tiene carácter retroactivo y comenzará a aplicarse en la promoción pública de viviendas de Atocha, en el barrio de Egia, donde se construirán 252 pisos de protección oficial para los que han sido admitidas 4.919 personas en el sorteo que se celebrará este mismo mes. Los beneficiarios podrán habitarlas a finales de 2001.

100 pisos sociales en alquiler

En la misma línea, el equipo de gobierno municipal (PSE-EE y PP), acordó en enero pasado otra batería de medidas contra la especulación; entre ellas, propuso al Parlamento vasco una modificación legal para aumentar el plazo establecido para vender los piso protegidos a precio libre.

Por otro lado, el pleno municipal aprobó ayer destinar a alquiler las 100 viviendas de VPO que se construirán en el edificio de Contadores, en el barrio de Bidebieta. La promoción inmobiliaria incluye en total 254 nuevas viviendas (27 más que las previstas inicialmente) y se aprovechará para crear 115 plazas de aparcamiento para los vecinos, un centro cívico de 2.000 metros cuadrados y la urbanización de un área que se encuentra abandonada.

Los grupos políticos también acordaron solicitar formalmente a Euskotren la construcción de sendas estaciones de tren en los barrios de Riberas de Loiola (junto a Amara) e Intxaurrondo. La postura contraria del Gobierno vasco a construir un apeadero del topo en Intxaurrondo (el proyecto prevé una inversión de 3.000 millones), encontró el rechazo unánime de la corporación donostiarra y llevó a su alcalde, el socialista Odón Elorza, a calificar de "vergonzoso" el plantemiento del Ejecutivo de Vitoria.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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