La empresa de aguas de Alicante reconoce que puede haber problemas con las pagas a los ediles

A la espera de recibir el informe jurídico encargado con urgencia, el Grupo Aguas de Barcelona, al que pertenece Aguas Municipalizadas de Alicante, adelantó ayer que "puede haber algún tipo de problema" con la paga de beneficios que anualmente reparte a los cargos públicos que integran su consejo de administración y el articulado de la Ley de Incompatibilidades. Si los juristas ratifican que se trata de pagos irregulares, una veintena de concejales y ex ediles de Alicante tendrán que devolver unos 20 millones de pesetas cobrados indebidamente en los últimos cuatro años.

Todo indica que alcaldes y concejales de Alicante cobran desde 1984, de forma irregular, las pagas de beneficio que anualmente reparten entre sus consejeros las empresas de capital mixto Aguas Municipalizadas de Alicante y Emarasa, que gestiona la red de alcantarillado y la depuración de aguas. La dirección de ambas empresas se inhibió ayer del caso, que trasladó a la empresa matriz, el Grupo Aguas de Barcelona, para que su asesoría jurídica emita un informe al respecto y, en su caso, indique los pasos a seguir para normalizar la situación. "Existen dudas y nosotros no podemos aclararlas, por lo que hemos pedido con urgencia ese dictamen jurídico", señaló el director de Relaciones Institucionales de las empresas, Carlos Cabrera.A la espera de la decisión que adopten sus juristas, desde Aguas de Barcelona tampoco hubo un pronunciamiento taxativo. "Esas retribuciones se establecen de acuerdo a nuestros estatutos de 1953, y parece que desde 1984, con el cambio de la legislación, puede haber algún tipo de problema con el pago a los cargos públicos", señaló un portavoz.

Ese año entró en vigor la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que prohíbe taxativamente a los cargos públicos cobrar cantidad alguna de la empresas mixtas a las que pertenecen, salvo dietas o indemnizaciones por asistencia a reuniones. Pese a esa prohibición, tanto Aguas Municipalizadas como Emarasa reparten paga de beneficio, que este año asciende a 700.000 y 400.000 pesetas, respectivamente.

Aunque los estatutos de las empresas datan de 1953, en 1991 se modificaron para adaptarlos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas, sin que se aprovechara la ocasión para ajustar las cantidades a repartir entre sus consejeros de acuerdo a la Ley de Incompatibilidades, que ha suscitado el problema.

Devolución del dinero

Mientras se dirime la cuestión, suscitada por el portavoz municipal del PSPV, José Antonio Pina, al renunciar el viernes al dinero por sospechar que se trata de un ingreso indebido, los concejales y ex concejales afectados ya hacen números, convencidos de que, si se confirma la irregularidad de los pagos, tendrán que devolver lo cobrado a las arcas públicas.

Esta medida, sin precedentes, afectaría a una veintena de cargos públicos de todos los partidos políticos, dado que se da por seguro que esa irregularidad prescribe a los cuatro años, y por tanto sólo tendrían que devolver el dinero los consejeros que cobraron entre los años 1995 y 1999. En ese caso, la cantidad global rondaría los 20 millones de pesetas, de los que el alcalde Luis Díaz Alperi, del PP, ha cobrado más de cuatro.

El primer edil se mantiene a la espera de conocer la decisión de los juristas de Aguas de Barcelona. "Es un tema muy complicado, en el que tendrá que intervenir Hacienda si finalmente hay que devolver el dinero, dado que figura en nuestras declaraciones de renta y ha sido sometido a fiscalidad", señaló.

El ex alcalde socialista José Luis Lassaletta insistió ayer en que desconocía la supuesta anomalía, y enfatizó que en su época -abandonó el cargo en 1991- los consejeros de las empresas participadas "no cobraban tanto dinero" en concepto de paga de beneficios. Sin embargo, Lassaletta ha consultado a sus abogados: "Me han confirmado que, en mi caso, el tema ha prescrito", lo que significa que legalmente no estaría obligado a devolver el dinero. Su sucesor en el cargo, el también socialista Ángel Luna, mantiene la misma tesis.

Desde las filas de EU, cuyos concejales también han ingresado las pagas durante esos años, se asume la situación con preocupación, dado que sus ediles no se beneficiaron directamente del dinero, que se desviaba al funcionamiento de la coalición y a sufragar gastos electorales. El imperativo de devolver lo ya gastado agudizaría su crisis económica.

El portavoz de EU, José Luis Romero, responsabilizó ayer de la situación generada, directamente, al secretario general del Ayuntamiento y a los responsables de las empresas participadas, por no advertir a los cargos públicos de la irregularidad, claramente tipificada en el artículo 8 de la Ley de Incompatibilidades.