Cascos congela los proyectos de su antecesor

Las empresas que trabajan directamente con el Ministerio de Fomento (principalmente las constructoras, pero también las de transporte y las de bienes de equipo) están inquietas y quejosas con la política de su nuevo titular, Francisco Álvarez Cascos.Desde que llegó a su nuevo cargo, hace más de un mes, las adjudicaciones se cuentan con los dedos de las manos. En la práctica, Álvarez Cascos ha congelado la mayor parte de los proyectos que había dejado en el último trámite, pendiente de firma, el anterior equipo ministerial, que estaba dirigido por Rafael Arias-Salgado. Cascos quiere, en definitiva, que todos los proyectos que salgan del ministerio lleven únicamente su sello.

Un portavoz oficial de Fomento declinó hacer declaraciones sobre este tema. Otras fuentes explican que el ministro ha optado por conocer a fondo todos los asuntos del ministerio antes de tomar decisiones y que lo mismo están haciendo sus más directos colaboradores, la mayor parte de los cuales son nuevos.

Entre los grandes proyectos afectados por este parón destaca el aplazamiento de las autopistas de peaje R-4, que unirá Madrid con Ocaña (Toledo), y R-2, que enlazará Madrid con Guadalajara. Este doble proyecto, cuya adjudicación estaba prevista para el inicio de este mes, está valorada en unos 170.000 millones de pesetas y a ella optan todas las grandes constructoras nacionales. La mesa de contratación, que ha sido renovada, dispone de un mes prorrogable por otros tres para, según un comunicado de Fomento, "un estudio más detallado de las ofertas del concurso para adjudicar la construcción, conservación y explotación de ambas autopistas de peaje".

Frenazo en seco

Este retraso, coinciden en señalar diferentes fuentes de empresas afectadas por las decisiones del Ministerio de Fomento, se ha producido también en otros proyectos, todos ellos de menor cuantía, que también estaban prácticamente pendientes de la firma final.

La inquietud de las empresas, sobre todo de las grandes, no es por la singular trascendencia que pueda tener la congelación directamente en su cuenta de resultados, y más en un momento dulce como el actual, sino por la inseguridad que da no contar con un marco estable en el que basar su planificación a corto y medio plazo. El impacto, sin embargo, es más trascendente para una pequeña empresa. "Un retraso puede llegar a ser vital", señalan varios de sus representantes.

Fuentes empresariales reconocen la complejidad del Ministerio de Fomento, pero consideran "excesivo" el frenazo que ha impuesto Álvarez Cascos. Según las fuentes consultadas, no se explica que se paralicen proyectos ya encauzados por el mero hecho de cambiar a un ministro.

En determinados círculos, este parón es interpretado como un síntoma de desconfianza hacia al equipo de Arias-Salgado, extremo que tampoco quiso comentar el portavoz de Fomento.

Otra de las críticas vertidas hacia los primeros días de gestión de Cascos es la falta de interlocución. El ministro se ha encerrado en el departamento y se ha negado en redondo a recibir oficialmente a los representantes de los distintos sectores sobre los que influyen sus decisiones. Tan sólo algún esporádico contacto en el que ha pedido "tranquilidad".

Sus apariciones públicas también han sido mínimas. El plan de Francisco Álvarez Cascos es anunciar sus planes en una comparecencia en el Congreso que tendrá lugar el próximo jueves día 15 de junio.

En ella se espera que dé respuesta a varias de las peticiones o propuestas que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal del sector, ha hecho llegar al Ejecutivo y cuyos puntos básicos son los siguientes:

- Ley del Suelo. Modificación de la actual Ley del Suelo, de tal forma que se abarate su precio. Ello frenaría la escalada de precios de la vivienda. "Para ello ha de solucionarse, a través del llamado Pacto Local, la financiación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, de modo que no puedan acudir para financiarse, como ocurre actualmente, a prácticas especulativas con el suelo, que encarecen el precio final de la vivienda y han convertido artificialmente esta materia prima en bien escaso", señala el documento de la patronal.

- Ley de Contratos. Paralización de cualquier propuesta de cambio en el sistema vigente de clasificación de contratistas recogido en el borrador del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El sistema que se está elaborando, según la CNC, endurece sensiblemente las condiciones para acceder a las diferentes categorías de contratos y afecta "muy negativamente" a multitud de empresas locales, pequeñas y medianas.

- Cobro de deudas. Implantación de un documento de reconocimiento de deuda por parte de los clientes públicos, que permita a las empresas negociar con las instituciones financieras el adelantamiento del cobro de dichas deudas públicas. Además, la Confederación Nacional de la Construcción reclama que se habilite un sistema de compensación de deuda tributaria para las empresas, con el fin de que sea posible "compensar los pendientes de cobro por parte de las administraciones públicas".

- Plan 2000-2007. Agilización de la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras 2000-2007, anunciado reiteradas veces por el presidente del Gobierno, tanto a través de los pactos necesarios entre todas las administraciones afectadas, como a través de la elaboración y aprobación del marco normativo necesario.

- IAE. La patronal de la construcción reclama la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE).

- IVA. Otra de las peticiones de los constructores es la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se aplica a la vivienda. Ello persigue que se facilite el acceso a la vivienda nueva a mayor parte de la demanda. Esta medida se completaría con el fraccionamiento del devengo de IVA en la compra de vivienda nueva, de modo que éste se corresponda con los pagos comprometidos por el comprador.

- Convenios colectivos. Modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, para dar mayor fuerza y coherencia a los convenios colectivos de ámbito estatal.

- Accidentes laborales. Los constructores reclaman que las administraciones públicas centren más su atención en la prevención de riesgos laborales, primando a aquellas empresas que tengan menor siniestralidad. Además, proponen que se destine financiación pública a las acciones propuestas por las organizaciones empresariales y sindicales.