Armada ya ha pagado una multa

El gerente de Urbanismo, Luis Armada, ya ha pagado una de las dos multas de 250.000 pesetas que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia por incumplir la orden judicial de derribo que pesa sobre parte de la iglesia Nuestra Señora de las Fuentes. Medios jurídicos aseguran que es posible que haya abonado las dos multas y que la entidad bancaria no haya informado aún al tribunal, aunque, de momento, aseguran, sólo hay constancia del pago de una de ellas. Los jueces le advirtieron de que por cada 20 días que pasasen sin cumplirse la sentencia Armada debería pagar 250.000 pesetas. Al ver los jueces que pasaba el tiempo y que Armada seguía sin cumplir la sentencia, optaron por elevar la orden directamente al alcalde. Una comisión judicial se presentó en el despacho del alcalde hace una semana para notificarle personalmente que a partir de ese momento las multas recaerían sobre él. El regidor explicó a los agentes que su propósito era cumplir la sentencia, pero que le dejasen de plazo hasta julio para que pudiesen celebrarse en la iglesia las bodas y bautizos previstos.

Esta petición está siendo estudiada ahora por los cinco jueces que componen la Sección Primera del Tribunal Superior. Si la desestiman, y han pasado 20 días desde el requerimiento, el alcalde deberá pagar la oportuna multa, que también podría llegar a 250.000 pesetas como ha ocurrido en el caso del gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada.

Aparte de la multa, la negativa de Armada a cumplir la sentencia le ha acarreado otros problemas judiciales aún más graves. Los jueces le han abierto diligencias penales por desobediencia y han remitido la denuncia a los juzgados de instrucción de la plaza de Castilla, que son los que investigan los delitos. El hecho de que en julio el Ayuntamiento derribe finalmente la parte ilegal de la iglesia no exime a sus miembros de los actos anteriores. Los 23 concejales que votaron a favor de iniciar los trámites de legalización de la iglesia son objeto ya de una investigación penal por presunta prevaricación en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid. Por su lado, el gerente de Urbanismo también está siendo investigado por supuesta desobediencias; delitos éstos que, de probarse, podrían terminar con penas de cárcel e incluso de inhabilitación para desarrollar cargos públicos.

El alcalde también podría incurrir en desobediencia, aparte de la multa, si pasan 20 días y el tribunal no estima su petición de paralizar el derribo hasta julio por el tema de las bodas.